La falta de confianza ciudadana en los servidores públicos, la creencia compartida de que “todos roban”, la discrecionalidad con la que se otorgan puestos públicos a familiares, novias o amigos y la falta de continuidad de personal capacitado en el ejercicio de la administración pública son una pieza más del entramado de corrupción que se vive en México.
Una parte del remedio: la adopción del servicio profesional de carrera, una política pública que ha demostrado su relevancia en la responsabilidad de los funcionarios y en el proceso de rendición de cuentas pero que en el país ha avanzado a tropezones y con disparidades alarmantes que obligan a reconsiderar su diseño e importancia.
El análisis de 20 de los 25 servicios de carrera que existen en el Estado federal mexicano hecho por la Auditoría Superior de la Federación y dado a conocer en días recientes muestra que si bien en los últimos 12 años ha existido un avance importante en la delimitación de marcos normativos para regular la operación de los mismos, existe una desigualdad de criterios de evaluación y de funcionamiento que limitan fuertemente el impacto positivo de esta medida. http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/2012_0230_a.pdf
Para hacer esta evaluación, la ASF evaluó la cobertura del SPC, la instrumentación, la coherencia y la integralidad (organización y diseño) de los diferentes servicios profesionales de carrera. Así, el órgano fiscalizador encontró que en 2012, de los 329 entes públicos que conforman el Estado Mexicano, sólo el 28.9% operó bajo alguna norma de un servicio de carrera con lo cual del total de plazas disponibles sólo el 6% estuvo adscrito a este esquema. En lo referente a la organización del trabajo, sólo el 25% contó con un instituto de profesionalización que diseñe, opere y controle la formación de los funcionarios para así garantizar que éstos cuentan con las habilidades para el ejercicio de sus funciones. A esto hay que agregar que aunque existen los mecanismos para concursar plazas, durante el 2012 más del 50% de los servidores contratados por la administración pública federal no ingresaron mediante concursos con lo cual no se contó con un mecanismo que garantizara la evaluación de los mejores perfiles. Cuando se dio la capacitación, ésta se enfocó a las necesidades de la institución y no de los funcionarios y los planes de carrera sólo fueron definidos en 3 de los servicios.
La evaluación del desempeño solamente se hizo en el 80% de los servicios pero no se evaluó a la totalidad del personal lo cual limitó la finalidad de la evaluación en propuestas de mejora y detección de áreas de oportunidad.
En cuanto a las sanciones, poco más de la mitad de los servicios de carrera prevén sanciones a los servidores que incumplen sus obligaciones o desempeñan mal sus funciones y aunque el 80% considera como causal del incumplimiento la separación del cargo, en 2012, sólo lo hizo el 20%. En medio de este panorama desolador hay tres perlas: el Servicio Exterior Mexicano, el Servicio Profesional Electoral (antes de la reforma política) y la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal todos ellos con niveles de consolidación superiores al 96%.. La ASF termina su análisis con una serie de recomendaciones puntuales destinadas a fortalecer la meritocracia y a modificar los estándares de gestión pública.
Una auténtica política anticorrupción no puede excluir el quehacer y la responsabilidad de los funcionarios. Es tiempo de incluir estas oportunas recomendaciones.
