A poco más de año y medio del inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y a fin “de mejorar” la rendición de cuentas del gobierno, los invitados permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) María Elena Morera, de Causa Común; Edna Jaime, de México Evalúa, y Alejandro Martí, de México SOS, entre otros, solicitaron a las autoridades avanzar en la transparencia de los convenios de coordinación celebrados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), entre el gobierno federal y los estados.

Este y otros planteamientos se dieron durante el diálogo que sostuvieron con el secretario ejecutivo del SNSP, Jorge Carlos Hurtado.

Explicó al secretario ejecutivo que para la sociedad civil es fundamental que se den a conocer los criterios para la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal y del subsidio para la seguridad en los municipios. “También es muy importante que el secretario brinde acceso a la relación con que las entidades federativas justifican sus niveles de cumplimiento con respecto a los acuerdos establecidos en los convenios de coordinación para la entrega de estos recursos”.

Asimismo, los invitados permanentes dijeron que el SNSP debe dar acceso a los protocolos y criterios con los que se construye la base de datos de incidencia delictiva del Centro Nacional de Información y Ofrecer un Diagnóstico sobre la calidad de la misma. Pues esto, dijeron, “significarían mejores políticas de prevención y combate al delito”.

También manifestaron la necesidad de que el SNSP permita su presencia en las reuniones en la que gobernadores, procuradores y secretarios de seguridad discute las políticas y estrategias en materia de seguridad.

Abundaron que es de suma importancia que el secretario impulse el cumplimiento del acuerdo 04/XXVIII/10 de Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé la creación de un “sistema de evaluación de políticas de acciones de seguridad pública en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, integrado por indicadores de operación, índices delictivos y de victimización…

Nota completa en: La Jornada