Gira por la Transparencia
Con la intención de fomentar el acceso igualitario del derecho a saber, la máxima publicidad de la información, así como mayor responsabilidad y rendición de cuentas fue que hace unos meses se promulgó la Ley General de Transparencia. Este ordenamiento exige que en los meses que vienen, los congresos estatales realicen el ajuste a la legislación local. Por ello, el INAI y un el grupo de senadores que ha liderado el proceso de reformas en la materia, iniciaron en Veracruz una “Gira por la Transparencia” en todo el país la cual tiene una vocación didáctica, programática y política.
Un vistazo al caso Veracruz nos muestra que la entidad posee una de las mejores leyes del país. No sólo cuenta con plazos de respuesta mucho más reducidos que los que mandata la Ley General de Transparencia sino que además es de las entidades con mayor número de sujetos obligados (más de 380). Y sin embargo, Veracruz está lejos de ser una de las entidades más transparentes del país. Los problemas de acceso a la información, tienen que ver con la cultura del secreto por parte de muchos funcionarios pero también con la forma en la que se gestiona y brinda la información a la ciudanía, con la ausencia de una cultura archivística y con la falta de capacidades, entre muchos otros problemas.
La capacidad y autonomía técnica, política, presupuestaria y de gestión del órgano garante es sin duda una de las prioridades para la factibilidad de la reforma. Veracruz cuenta con 212 municipios de los cuales actualmente sólo 24 tienen más de 70 mil habitantes. Del universo total de municipios, sólo 99 cuenta con portales de transparencia y siete de ellos no tienen acceso a ningún tipo de conectividad. A partir de lo aprobado, el órgano garante habrá de encargarse de que los municipios pequeños cumplan con sus obligaciones de transparencia y además tendrá bajo su encargo la puesta en marcha de las obligaciones derivadas de la plataforma nacional de transparencia en la cual se incluye i) un sistema de solicitudes de acceso a la información, ii) un sistema de gestión de medios de impugnación, iii) un sistema de portales de obligaciones de transparencia y iv) un sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados.
A nivel nacional, existe una gran disparidad presupuestaria y técnica entre órganos garantes. Mientras el órgano nacional cuenta actualmente con 562 plazas y un generoso presupuesto, el órgano garante veracruzano tiene solamente 75 integrantes de los cuales solamente cinco personas están en el área de capacitación, cuatro en la de sistemas y de tres a cinco en el área de difusión. La situación no es muy diferente en otras entidades. Mucho se ha dicho que hay que dotar a los órganos garantes del presupuesto necesario para los retos que vienen, sin embargo, esto no debería de realizarse “a ciegas”. En la mayoría de las entidades aún prevalece la captura política de varios órganos garantes estatales. A lo largo del año se han renovado parcialmente los plenos de los órganos garantes de diez entidades del país (Baja California, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz) y aunque la Ley General mandata que los procesos de renovación de comisionados deberán de realizarse con transparencia, independencia y participación de la sociedad civil, en ninguno de los procesos realizados hasta ahora se han cumplido con los criterios mínimos de apertura, participación ciudadana, experiencia probada en materia de transparencia y rendición de cuentas, capacidad de trabajar en órganos colegiados y autonomía e independencia de los partidos políticos. A esto hay que añadirle el imperio de las cuotas políticas al interior de los propios órganos garantes en donde a falta de un servicio profesional de carrera, se reparten las plazas perjudicando el desempeño, las capacidades y los resultados. Por otro lado, sería un error que bajo el pretexto de la armonización, los diputados locales ignoren la experiencia de quienes han aprendido del proceso de reforma y que busquen órganos garantes a modo, encabezados por inexpertos en el derecho de acceso a la información -que ahora serán sujetos de responsabilidades- y que serán fieles a algún partido pero tendrán frente a sí el reto de cumplir con una de las reformas más importantes de este sexenio.
Editorial del Boletín semanal de la Red por la Rendición de Cuentas
Descarga el Boletín completo aquí:
