Las políticas públicas han sido conceptualizadas como un conjunto de decisiones y acciones tomadas por actores públicos para resolver problemas que han sido definidos como colectivos¹. De manera que para dar solución a un problema público es necesario identificar cuáles son los factores que lo originan y cuáles son las afectaciones que produce en la sociedad.

En materia de designaciones públicas, es decir, en lo relativo a aquellas acciones y/o decisiones que definen quién o quiénes asumen altas responsabilidades públicas² y por qué razones, desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) hemos advertido que un problema central es que los procesos bajo los cuales se llevan a cabo las designaciones públicas no contribuyen al buen funcionamiento de las instituciones ni a generar confianza social. Principalmente, esto se debe a que se efectúan bajo procedimientos excesivamente diferenciados y sin que en ellos se determine, desde el marco legal, la obligatoriedad de que se realicen bajo estándares de transparencia y máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas. Esto redunda en ejercicios apresurados, con poca transparencia y con un alto grado de discrecionalidad en las decisiones finales.

La heterogeneidad de estas reglas sin un piso común que establezca lineamientos claros y precisos en este sentido, facilita que las designaciones públicas se utilicen como moneda de cambio para el reparto de cuotas entre los diversos partidos políticos y como una forma de incidir en el rumbo de las instituciones en cuestión; así como para la designación de cuates y cuatas o personas con altas cercanías partidistas, grupos de interés o distintos poderes públicos, en vez que se elijan a los perfiles más idóneos para dichas responsabilidades públicas.