“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…”
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948)
Hemos pasado años construyendo normas e instituciones que contribuyan a que todos los mexicanos logren tener acceso pleno a todos sus derechos. Sin embargo, no llega el día en que podamos afirmar que esto ocurre, que se han logrado los contrapesos necesarios para lograr el bien común y para afirmar que contamos con la seguridad de que el Estado está haciendo todo porque esto ocurra. Un aspecto trascendental para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información es la labor que realizan los periodistas. Ellos son los encargados de dar cuenta de los hechos que ocurren y el ver vulnerada su seguridad y la garantía de sus derechos es un síntoma claro de que algo grave está fallando en el país. Los datos que ha presentado la organización Artículo 19 son irrefutables: de 2003 a la fecha 24 periodistas han desaparecido y de 2000 a 2017 105 periodistas han sido asesinados. En su informe anual, la misma organización dio cuenta de que “226 de 426 agresiones (53%) de las que fueron víctimas las y los periodistas en México provienen de servidores públicos de distintos niveles. De estas agresiones, 56 fueron perpetradas por funcionarios federales, 91 por estatales y 79 por municipales” (Artículo 19, 2016).
Si esto ocurre de manera cotidiana con un sector que tiene en sus manos la posibilidad de alzar la voz y de ser escuchado a través de los diferentes medios de comunicación ¿qué podemos esperar del resto de los sectores de la sociedad? La realidad es que no ha llegado el día en que podamos decir que las estrategias para garantizar nuestros derechos de manera efectiva ha llegado. Los asesinatos de Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa y Jonathan Rodríguez, en Autlán, Jalisco, así como la desaparición del periodista Salvador Adame en Nueva Italia, Michoacán ocurridos la semana pasada han cimbrado de nueva cuenta, no solo al sector periodístico sino, a la sociedad en su conjunto. A través de diferentes organizaciones, colectivos, instituciones académicas y a título personal, muchos sectores han alzado la voz y han exigido soluciones. Urgen decisiones efectivas para la garantía de derechos a todos los mexicanos. Los mensajes de condena de los funcionarios o las declaraciones sobre llegar hasta el fondo en las investigaciones, son argumentos por demás desgastados y en los que la sociedad ya no cree. Esperamos que pronto llegue el día en que las voces de la sociedad encuentren en sus autoridades el eco necesario para sentir que el Estado verdaderamente trabaja en favor de la sociedad.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC


















































