El momento crítico por el que atraviesa el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) obliga una profunda reflexión acerca de los procesos de designación de quienes integran los órganos de transparencia. El tema está a la base del conflicto que desencadenó la postura asumida por el comisionado Ángel Trinidad a partir de la elección de Gerardo Laveaga como presidente del instituto.

De hecho, todos los órganos garantes deberían poner sus barbas a remojar y tener presente que fueron creados con el fin específico de proteger el derecho a saber de la sociedad. Entre ellos la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP), a la que recién llegó un comisionado inexperto en la materia, mismo caso que Laveaga.

Como si lo hubiese advertido -quizás así fue- Mauricio Merino comenzó el año con un corte de caja sobre las “virtudes” y los “vicios” de los órganos autónomos dirigidos por cuerpos colegiados. De acuerdo con el investigador del CIDE e impulsor de la Red por la Rendición de Cuentas, estas instituciones enfrentan, al menos, cuatro restricciones: 1) la captura por la vía de las cuotas y lealtades partidistas, 2) la falta de responsabilidad individual de sus miembros, 3) la disputa por la presidencia del pleno, y 4) la captura por parte de los agentes regulados.

De las cuatro limitaciones mencionadas tres se confirmaron con la renovación de la presidencia del IFAI. Jacqueline Peschard concluyó su segundo periodo al frente de este joven organismo y se procedió a elegir a su nuevo titular. Presentaron sus proyectos de trabajo para dicho cargo la comisionada Sigrid Arzt y los comisionados Trinidad y Laveaga. En la cuarta ronda de votación y con tres sufragios el comisionado que apenas tiene nueve meses en el IFAI, cuya designación fue seriamente cuestionada por organizaciones sociales especializadas en el campo de la transparencia, obtuvo la presidencia.

“Cuando se disputa el control interno, nada garantiza que los miembros de esos grupos privilegien los objetivos de la casa sobre sus propias ambiciones”, sostiene Merino a propósito de las pugnas por la presidencia. Y tal parece que así fue. En su voto razonado, el comisionado Trinidad destacó que a la comisionada María Elena Pérez-Jaén le habría ganado “lo personal a lo institucional” al votar por Laveaga, mientras que conjeturó que el apoyo que le dio la comisionada Sigrid Arzt al ex director del Instituto Nacional de Ciencias Penales podría haber sido “a cambio de impunidad”, por no haberse excusado en la votación de recursos de revisión en los que estuvo involucrada y, peor aún, haber sido ponente de algunos de ellos.

Al desnudo ha quedado que Arzt incurrió en conflicto de intereses, por lo que tendría que separarse del IFAI. Todo comisionado es libre y tiene derecho, como cualquier otra persona, a hacer uso del derecho de acceso a la información. El error de Arzt fue no haber tomado distancia de sus legítimos intereses y hacer las veces de juez y parte de manera simultánea. “Cuando todas las decisiones descansan en el grupo es inevitable que haya siempre unos que aportan más, otros que navegan en la holganza con todo desenfado y otros más que abusan del conjunto para sacar provecho personal”, pone en relieve Merino por lo que toca a la ausencia de responsabilidades individuales.

Como lo dio a conocer Trinidad, el IFAI tiene abierta una investigación en contra de Arzt y en ésta consta que las solicitudes de información que derivaron en recursos de revisión de los que ella fue ponente salieron de su computadora. Contrario a lo que ella aseguró, la pesquisa señala que su equipo de cómputo no fue hackeado.

En torno a la captura política, Merino subraya: “Cuando en lugar de trayectorias se opta por lealtades, y cuando en vez de la imparcialidad se privilegia el equilibrio o el peso propio de partidos y gobiernos, la fórmula institucional pierde toda su eficacia.” Acierta, en consecuencia, quien afirma que la actual crisis del IFAI obedece a decisiones previas, particularmente al nombramiento de Laveaga como comisionado a propuesta de Felipe Calderón, quien pasó por alto que la Ley de Transparencia federal exige una trayectoria que no tiene el ahora presidente del instituto.

Laveaga no sólo es el comisionado con menos conocimiento y experiencia en el terreno, sino que además es conocida su estrecha relación con Calderón, a quien incluso defendió ante la solicitud que hicieron miles de ciudadanos para que la Corte Penal Internacional iniciara una investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en México.

En este marco, con una designación cuestionada como la de Federico González Magaña, la CAIP corre el riesgo de entrar en una etapa crítica, similar a la que vive el IFAI. Aunque formalmente el nuevo integrante de la CAIP fue elegido por el Congreso, el nuevo comisionado es cercano a Rafael Moreno Valle, a quien apoyó durante su campaña. Hoy la CAIP tiene ante sí un reto de gran calado pues el gobernador expidió un reglamento para la Ley de Transparencia local y éste se extralimita en algunas de sus disposiciones. Si bien el reglamento fue publicado con fecha del 31 de diciembre de 2012, la CAIP ha guardado silencio hasta la fecha. ¿Acaso no tienen algo que decir los comisionados?

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