Habitantes de la comunidad Yabteclum Fracción I, del municipio de Chenalhó, formaron una Contraloría Comunitaria y entregaron este lunes diversas solicitudes de información pública al ayuntamiento del lugar, para conocer el uso y destino de los recursos públicos.
“Queremos ejercer plenamente nuestros derechos, queremos participar en las decisiones y planeación de los recursos públicos que nos pertenecen a todos y todas”, explicaron.
Detallaron que en los meses de julio y agosto del año en curso, se organizaron para formar las primeras Contralorías Comunitarias, a fin de vigilar a la administración pública, los recursos y su buen funcionamiento.
Su objetivo, explicaron, es “ayudar a nuestros gobiernos a cumplir mejor su trabajo y formarnos como ciudadanos participativos y comprometidos con el desarrollo de nuestros pueblos. Tenemos claridad de que los recursos nos pertenecen a los pueblos y por ello es nuestra obligación y nuestro derecho observar cómo se están utilizando, ya que benefician o afectan nuestra vida diaria en las comunidades”.
Las Contralorías Comunitarias son acciones de control, vigilancia y evaluación que hacen personas organizadas con la finalidad de que las funciones del gobierno se hagan con eficacia, transparencia y honradez.
“Cuando realizamos estas acciones podemos hablar de una ciudadanía participativa que está consciente y orgullosa de sus derechos y obligaciones”, refirieron.
Autoridades comunitarias -agentes auxiliares municipales, pasados, comités-, líderes y representantes de organizaciones sociales y de Comités de Migrantes en el municipio de Chenalhó, explicaron que es su deber ejercer en la práctica su Derecho de Acceso a la Información Pública, rendición de cuentas y transparencia, mediante las Contralorías Comunitarias.
Los indígenas sostienen que han aprendido sobre los recursos públicos que llegan al municipio. “Ahora sabemos que existen leyes que respaldan la obligación de los gobiernos a realizar su trabajo con transparencia y la obligación de rendir cuentas a las y los ciudadanos. Sabemos que existe el artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que expresa el derecho humano a saber, es decir, nuestro Derecho de Acceso a la Información Pública”.
En este contexto, el lunes 2 de septiembre de 2013 entregaron oficios de solicitudes de información a las respectivas autoridades, como parte de sus primeras formas de participar en las decisiones públicas.
Detallan que si bien pretenden nuevas formas de relacionarse con los municipios y sus autoridades directas, “las autoridades del municipio han respondido con cerrazón y amenazas para quienes ejercemos nuestro Derecho de Acceso a la Información”.
Por eso denunciaron:
La negación por parte de las autoridades del municipio de Chenalhó para entregar información pública sobre los expedientes técnicos de las obras que les corresponden a nuestras comunidades, misma que fue solicitada de palabra por ciudadanas y ciudadanos.
El despido injustificado de un compañero que laboraba en el municipio y que por participar en reuniones de capacitación sobre finanzas municipales fue despojado de su fuente de empleo.
Las amenazas y el hostigamiento continuo que hemos recibido las y los participantes de este movimiento que busca hacer valer derechos básicos.
Las formas de castigo y presión que ejerce el profesor José Arias Vázquez, presidente municipal de Chenalhó, contra comunidades donde existen grupos y pobladores que demandan información pública, y de otorgamiento de beneficios y recursos a quienes lo apoyan.
A pesar de esta situación, los habitantes de Yabteclum sostuvieron que seguirán actuando “porque queremos contribuir a crear una cultura de participación ciudadana, porque queremos ejercer nuestros derechos, democratizar a nuestro país y terminar con el autoritarismo y la corrupción que existen en todos los niveles de gobierno”.
“No es delito, es nuestro derecho tener información, hacer propuestas positivas y actuar organizadamente para cumplir nuestras responsabilidades ciudadanas. Decidimos hacernos responsables de las decisiones que se tienen que tomar colectivamente y exigir que los gobiernos cumplan sus obligaciones para tener una vida más digna”, concluyeron.
