El pasado 20 de febrero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el Tercer informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, que detecta diversas irregularidades por un monto de 49 mil 765 millones de pesos. En general, destacan las anomalías en los proyectos insignia de esta administración, como el aeropuerto de Santa Lucía con 20 mil millones por esclarecer, el Tren Maya con 300 millones y Dos Bocas con un monto superior a los 59 millones de pesos.

En cuanto al detalle de las irregularidades en el ejercicio de la Cuenta Pública 2020, el rubro Gobierno presenta anomalías por 466 millones, donde el 49% de estas pertenecen a Hacienda y Crédito Público. La función Desarrollo Social presenta faltas por un monto de 6 mil 916 millones, donde el 39% de estas se concentran en el sector salud. Mientras que el rubro el rubro Desarrollo Económico presenta anomalías por 11 mil 848 millones de pesos, donde el sector Agricultura y Desarrollo Rural agrupa el 75% de estas. Asimismo, la función de Gasto Federalizado concentra el 33% de las irregularidades en el sector Salud.

Para esta entrega la ASF realizó 866 auditorías que derivaron en 3 mil 148 acciones que deberán solventar los entes fiscalizados.  En este artículo se analizarán algunas auditorías en materia de derechos humanos, extractivismo, salud, tributación, campo y género:

Fondo de para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

La ASF detectó fallas en la implementación de las medidas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y sobre la extinción de este fideicomiso. Sobre este último punto, no se cumplieron los plazos establecidos sobre la extinción del fideicomiso, pues los recursos aún no estaban concentrados en la Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2020.

En cuanto a la gestión de recursos, la ASF encontró que se pagaron 403 mil pesos sin acreditar el servicio de seguridad por parte del Servicio de Protección Federal. Adicionalmente, no se aseguró que la empresa RCU Sistemas, S.A. de C.V., empresa contratada para las medidas de protección, contara con los recursos humanos y técnicos para proveer las medidas de prevención y protección, ya que dicha empresa a su vez subcontrató los servicios. La misma empresa también tuvo varias inconsistencias en la provisión de servicios, desde la falta de evidencia del funcionamiento de alarmas hasta la falta de bitácoras y memorias fotográficas de reportes de servicios.

Finalmente, la ASF identificó que la normativa con la que opera el Mecanismo de Protección está desactualizada o es inexistente en algunos casos, desde el Reglamento de la Ley de Protección (la cual se encuentra en discusión legislativa), el Reglamento Interior de SEGOB, el reconocimiento y función de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis (principal ejecutora del Mecanismo), perfiles de puesto de dicha Unidad, hasta los estados financieros del Fondo, los cuales se encontraban sin dictaminar.

Sistemas de Salud respecto a la atención a la emergencia sanitaria por COVID-19

El informe de la ASF incluye al menos 12 auditorías dirigidas a fiscalizar la gestión financiera de los recursos destinados a la atención de la pandemia, para la adquisición y distribución de la vacuna contra el COVID-19, la contratación de personal médico, de equipo médico, material hospitalario, la instalación de Unidades Médicas Temporales y Servicios Subrogados para atender la pandemia del COVID-19, y verificar que se hayan presupuestado, ejercido y comprobado de conformidad con la normatividad.

Entre los entes fiscalizados se encuentran: La Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, La Secretaría de Salud, el Instituto de Salud para el Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Aunque en general cumplieron con los marcos normativos aplicables, sí encontró inconsistencias en los procesos de contratación y adquisición de medicamentos, vacunas e insumos hospitalarios.

  • Tanto el IMSS, como el ISSSTE y el INSABI carecieron de mecanismos de seguimiento y control que acreditara la distribución de los medicamentos e insumos que adquirieron para atender la emergencia sanitaria. Y se detectaron irregularidades en los registros contables, en los inventarios y en las actas de entrega-recepción de insumos, así como deficiencias en la información sobre el total de las dosis de vacunas recibidas y distribuidas.
  • La SEDENA y la SEMAR realizaron contratos con empresas que no tenían el objeto social, ni la capacidad técnica y económica suficiente para poder celebrar contratos, adquisición de equipo que no contaba con los requerimientos necesarios, entrega de materiales fuera de tiempo por parte de los proveedores y no se realizaron las gestiones relativas a las penas convencionales.

Se detectaron deficiencias en los esquemas de coordinación y comunicación en la adquisición y distribución de medicamentos, ya que no se involucró en estos procesos a entidades públicas de salud encargadas del almacenamiento, transporte y distribución de vacunas a las entidades federativas. Por ejemplo, el INSABI no participó en la logística para el transporte y resguardo de vacunas.

Política social: el caso de Sembrando Vida

Respecto a los programas sociales fiscalizados 1, se determinaron un total de 1,279.8 millones de pesos por aclarar. De estos, el 70.4% corresponden al programa Sembrando Vida, equivalente a 901 millones de pesos.

Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la actual administración, y su objetivo es erradicar la histórica exclusión social y la pobreza en la que vive la población dedicada al trabajo del campo, así como impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural y garantizar la seguridad alimentaria. En el 2018, este programa incorporó los recursos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), bajo la premisa de que las transferencias directas ayudarían a la población jornalera.

No es la primera vez que Sembrando Vida presenta irregularidades: en la revisión de la Cuenta Pública 2019 el monto ascendió a 1,832 millones de pesos que, a la fecha, siguen pendientes por recuperar o aclarar.

En 2020, las problemáticas en el ejercicio de los recursos de Sembrando Vida fueron resultado principalmente de inconsistencias en la entrega de los recursos a las personas beneficiarias. Así, del monto total por aclarar, destacan dos rubros por la cantidad de recursos que concentran: 565.5 millones fueron otorgados a través de apoyos económicos adicionales, sin que se acreditara que los recursos fueron aplicados en las actividades y bienes autorizados y 243.8 millones, que fueron otorgados en apoyos económicos sin que se comprobara que fueron entregados a personas beneficiarias del programa.

Género y personas jornaleras

Por otro lado, un hallazgo de la Auditoría en materia de género es que la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (SPEDR), unidad responsable de la operación de Sembrando Vida, no incorporó indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia del programa en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación por razones de género, incluidas el origen étnico, u otras formas como las discapacidades. Para contextualizar la importancia de que estos indicadores existan, hay que tomar en cuenta que las mujeres jornaleras viven una situación de desventaja salarial, violencia y jornadas laborales que se duplican o triplican en comparación con los hombres jornaleros. Para evaluar si el programa realmente contribuye a resarcir estas problemáticas, se necesita un monitoreo y seguimiento periódico.

Lo anterior evidencia las denuncias que se han hecho desde sociedad civil respecto a que la inclusión de programas prioritarios en el Anexo 13 carece de justificación y seguimiento debidos, toda vez que, ante la falta de indicadores, no es posible determinar en qué medida la implementación del programa contribuye a mejorar la situación de vida de las mujeres y cerrar las brechas de desigualdad por razones de género.

Sistema Tributario Mexicano

En la Evaluación de Política Pública del Sistema Tributario Mexicano, la ASF menciona que es necesario aumentar la recaudación tributaria en el país. Se propone entonces extender el pago del ISR a las y los trabajadores informales, quienes representan un campo de oportunidad en términos fiscales dado su tamaño: según el Inegi, al final del 2020 se estimó una población informal de 29 millones 645 mil 893 personas. De acuerdo con la ASF, con esta medida se esperarían recaudar 22 mil 193.8 millones de pesos anuales.

Hay dos críticas a esta cifra. En primer lugar, los 22 mil 183 millones de pesos serían insuficientes para solventar los problemas del país: este monto es equivalente a apenas el 0.33% del Gasto Neto Total incluido en el PEF 2020. En segundo lugar, existen otro tipo de instrumentos fiscales que de ser dirigidos a la población más acaudalada recaudarían montos superiores a lo propuesto por la ASF y que además de ser más sencillos de aplicar, son progresivos. Por ejemplo, si el impuesto a la tenencia vehicular regresara a ser un gravamen federal, se recaudarían 80 mil 400 millones de pesos.

Continuidad del extractivismo fósil

Pese a la firme apuesta de la actual administración por rescatar a PEMEX y aumentar la producción de hidrocarburos a más de 2.6 millones de barriles diarios hacia el final del sexenio y de la plataforma petrolera, esta sigue en declive. La ASF, una vez más, evidenció en el análisis del Desempeño Integral de PEMEX durante 2020, la caída consistente de la producción, llegando en ese año a 1.66 millones de barriles diarios, de igual manera da cuenta de la caída de las reservas con apenas de un crecimiento ínfimo de 0.5 en las reservas probadas en tanto, las reservas probables y posibles reportaron una disminución de 7.0% y 30.1%, respectivamente, por lo que, de un año a otro, las reservas totales de petróleo crudo equivalente decrecieron 12.2%. La profundización del modelo fósil, que va en caída y sigue sin dar los resultados esperados por el gobierno, va en dirección contraria a los compromisos internacionales de cambio climático que tiene México y en lo cual también se muestra un incumplimiento de las metas en “Agenda internacional y las acciones de México ante el cambio climático”, otro de los reportes de la ASF sobre el tema.

De igual manera, pese al compromiso presidencial #75 de no llevar a cabo más la fracturación hidráulica (fracking) por sus costos ambientales y a la salud, la ASF constató que para el Ejercicio Presupuestal del 2020 los proyectos Aceite Terciario del Golfo (ATG), antes “Paleocanal de Chicontepec” y Aceite y Gas en Lutitas (AGL) destinado a proyectos de fracking, contaron con 25 y 14 asignaciones de exploración y extracción de hidrocarburos, respectivamente, con presupuesto pagado por 5,413,801.4 miles de pesos y en el cual detectó un conjunto de irregularidades en los manejos. Por lo cual es irrebatible que esta técnica nociva continúa pese a la promesa del presidente, como ha venido señalado sistemáticamente la Alianza Mexicana vs el Fracking.2 

El trabajo de la ASF permite a la ciudadanía conocer cómo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal ejecutan los recursos provenientes de los ingresos de las personas. Esta tercera entrega revela irregularidades en los programas prioritarios de esta administración, así como en el ejercicio de los recursos enfocados a la pandemia, e importantes anomalías en la agenda de derechos humanos y desigualdad. El trabajo de la ASF es clave para para mejorar la toma de decisiones entorno al presupuesto en nuestro país, por lo que estos informes deberían ser retomados por la Cámara de Diputados y el mismo Ejecutivo con el propósito de fortalecer programas sociales y políticas públicas que garanticen los derechos humanos.

@FundarMexico

Fuente: https://www.animalpolitico.com/res-publica/asf-irregularidades-en-agenda-de-derechos-y-lucha-contra-desigualdades/