La protección que se brinda a los programas sociales durante el periodo electoral es “insuficiente”, en particular si se considera que un número significativo “carece” de normas claras y accesibles, mecanismos de control y fiscalización, así como niveles de transparencia apropiados para su institucionalidad mínima.
En ello concluyó Transparencia Mexicana (TM) al elaborar un informe especial sobre los mecanismos de queja y denuncia en materia electoral para los programas sociales que tienen los gobiernos federal y estatales.
El informe especial se hizo público el fin de semana, como parte del proceso electoral a celebrarse el próximo 7 de julio en 14 entidades federativas.
De acuerdo con el organismo, uno de cada dos programas sociales evaluados no hace público su presupuesto y no presenta un informe sobre el ejercicio del gasto.
“Identificar la información oficial sobre este tema resulta complejo y es necesario esperar hasta dos o tres años para tener confirmación de ésta, mediante la cuenta pública de los gobiernos federal y estatales”.
El estudio de Transparencia Mexicana abarcó mil 561 programas sociales que operan a nivel federal, en los 32 estados.
El reporte muestra que una mayoría de los programas sociales cuentan con mecanismos de quejas y denuncias de tipo electoral, aunque no todos.
De los mil 561 programas sociales vigentes (registrados voluntariamente por dependencias federales y entidades federativas), 71.94% reportan difundir los mecanismos para la presentación de quejas y denuncias de tipo electoral.
Asimismo, sólo 80.7% de los programas sociales informa a los servidores públicos sobre las faltas administrativas y penales a las que son acreedores si utilizan recursos públicos o realizan acciones de gobierno para la compra o coacción del voto. A nivel estatal, 80.11% de los programas lo reportan, y a nivel federal 93.15 por ciento.
“El estudio muestra niveles distintos de protección entre el Gobierno federal y las entidades federativas del país”, concluye TM.
Los datos presentados, argumenta el organismo, fueron extraídos de la base de datos de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO).
“La protección de programas sociales en contextos electorales ha generado debate desde el proceso electoral de 2006. A partir de ello, en 2008, Transparencia Mexicana tomó postura en cuanto a que la protección de programas sociales en contexto electoral debía pasar por el fortalecimiento de su institucionalidad.
“La institucionalidad permite dar mayor solidez a la política social y con ello prevenir la discrecionalidad y arbitrariedad”, argumenta Transparencia Mexicana.
El Economista
FRASE
“La protección de programas sociales en contextos electorales ha generado debate desde el proceso electoral de 2006”
Transparencia Mexicana, organización no gubernamental.
> COMISIÓN DE VIGILANCIA ELECTORAL
Supervisan los proyectos de beneficencia en 14 entidades
CIUDAD DE MÉXICO.– A fin de evitar el uso electoral de los programas sociales, diputados de la Comisión Especial de Vigilancia en la materia dan seguimiento a dichas acciones en las 14 entidades que celebrarán comicios el 7 de julio próximo, señaló el legislador José Alejandro Montano Guzmán.
Las primeras entidades visitadas son Coahuila y Tlaxcala, donde sus autoridades “trabajan en estrategias para blindar los programas sociales y que no se utilicen con fines electorales, en sintonía con lo acordado en el Pacto por México”, informó el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El integrante de la citada comisión legislativa agregó que en Coahuila los partidos políticos locales firmaron un pacto con el Gobierno estatal, para evitar el mal uso de programas como Oportunidades, Cruzada Nacional contra el Hambre y otros de apoyos para la población más necesitada.
En tanto que en Tlaxcala, al igual que en Coahuila, se establecieron compromisos para el diálogo permanente y la colaboración, a fin de fortalecer la participación ciudadana en el proceso electoral y que éste se lleve a cabo con transparencia.
El programa contempla que la Comisión visite Saltillo, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, Mexicali, Oaxaca y Xalapa en el presente mes. En junio está programado estar en Chetumal, Pachuca, Culiacán, Durango, Ciudad Victoria y Hermosillo.
(FUENTE: http://www.informador.com.mx)