El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado (IMIPE) intervino en 21 ocasiones ante el Poder Legislativo para que entregara información a los ciudadanos que la requirieron en 2013.
El silencio que el Congreso guarda ante los requerimientos de datos es el principal motivo por el que los ciudadanos recurren al “réferi” de la transparencia y acceso a la información, es decir, al IMIPE.
La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales otorga un plazo de 10 días hábiles para que cualquier ente obligado con el acceso a la información entregue los datos requeridos.
Cuando no se da alguna respuesta a la petición, aplica la positiva ficta, pero el solicitante tiene que recurrir al IMIPE, con un recurso de inconformidad para obligar a la autoridad a cumplir con la solicitud.
De acuerdo con un reporte de las solicitudes de información que se hicieron al Congreso que no fueron atendidas por la UDI (Unidad de Información) y en las que intervino el árbitro, la mayoría se solventaron durante el proceso de impugnación, cuando el IMIPE hizo la petición de los datos de forma directa.
A los ciudadanos les interesó conocer el monto económico que los diputados pagan por sus actividades, como la sesión plenaria de la Conferencia Permanente de Legisladores (Copecol) que se realizó en Morelos en marzo; el presupuesto que el Congreso destinó a los festejos del Centenario de la Revolución y del Centenario de la Promulgación del Plan de Ayala, así como a la seguridad del inmueble y al Parlamento de Mujeres del año 2013.
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