Por Fabrizio Scrollini y Silvana Fumega*
Mientras la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) toma forma en América Latina, comienza a ser evidente una de las debilidades de la región: la ausencia de una tradición de consulta pública.
En América Latina, hasta la fecha, se han sumado a dicha Alianza, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, México, República Dominicana y Uruguay, pero las experiencias en materia de consulta pública sobre los compromisos para incorporar en los Planes de Acción han sido variadas. Por ejemplo, en su último post, Greg Michener -investigador de temas de transparencia- ha puesto en evidencia la forma en que se ha realizado la consulta pública en Brasil, donde, si bien han existido contactos con la sociedad civil, el proceso no podría calificarse como de “amplio debate”. En líneas generales, si bien muchos gobiernos de la región han establecido contactos informales con algunas organizaciones de la sociedad civil, no han puesto a consideración pública sus documentos de compromisos.
Existen explicaciones circunstanciales y estructurales para la falta de consulta pública sobre los compromisos. Dentro de los motivos circunstanciales se puede mencionar la rapidez con que ha avanzado la Alianza para el Gobierno Abierto en América Latina. Por otra parte, en términos de explicaciones estructurales, se puede mencionar la falta de tradición en procesos institucionalizados de consulta pública en la región, lo cual conduce a una falta de riqueza en los procesos de diseño de política pública.
Como se ha mencionado, cuando los gobiernos consultan con otros actores sociales, generalmente, lo hacen por canales informales. Dicha informalidad conlleva dos desventajas: por un lado, puede percibirse (aunque no sea esta la intención de los actores) que las asociaciones que participan de las reuniones se encuentran, de alguna manera, avalando las decisiones del gobierno y, por otro, conduce a que se pierda la posibilidad de que otros actores -que posean conocimientos sobre el tema y, por consiguiente, puedan aportar ideas para enriquecer el proceso- se involucren.
Aún en los casos donde los procesos de consulta se han conducido por canales formales (como ha sido el caso de Chile) se pueden indicar algunos puntos a tener en cuenta para su futura mejora. Un elemento a considerar sería el permitir el acceso público no sólo a la nomina de participantes en la consulta, sino también a lo que han aportado a dicho proceso -más allá de la síntesis que el gobierno pueda hacer del mismo-. Esto se debe a que, por un lado, sería conveniente reconocer a quien participa y sus aportes (aunque se pueda discrepar en este punto) así como, y aun mas importante, despejar las dudas acerca de las recomendaciones que el gobierno tomó en cuenta y cuáles descartó. Dicho esto, el hecho de que Chile haya mencionado en ese documento la necesidad de mejorar y ampliar este reciente mecanismo es una buena señal.
Los gobiernos de la región que participan del OGP se beneficiarían de generar procesos de consulta en línea (especialmente debido a que los tiempos son apremiantes) -luego de poner a disposición del público los borradores de compromisos- para, de esa manera, poder recoger aportes de un amplio número de participantes. Todavía más, debido a la transversalidad de áreas que ocupa a las políticas consignadas en dichos documentos, es sumamente importante incentivar la participación del mayor número de actores sociales para que el efecto de las iniciativas de la Alianza para el Gobierno Abierto pueda maximizarse.
Finalmente, estos ejercicios de consulta, dentro de la experiencia del OGP, deberían contribuir a la reflexión sobre los marcos de consulta pública en América Latina y sobre cómo los gobiernos deben clarificar el proceso y las expectativas de la misma, para lograr una mejor calidad democrática. Es decir, el establecimiento de estas consultas y la regulación de estos procesos para el futuro es, en sí mismo, un ejemplo de la voluntad de los gobiernos de cambiar la forma en la que operan.
*Silvana Fumega (@SilvanavF) es candidata a Doctorado en la Universidad de Tasmania, Australia. Como especialista en Acceso a la Información Pública, ha colaborado con diversas agencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Fabrizio Scrollini (@Fscrollini) es candidato a Doctorado en el Departamento de Gobierno de la London School of Economics and Political Science (LSE). Ha trabajado como consultor para diversas organizaciones nacionales e internacionales en tema de reforma del sector público, acceso a la información y rendición de cuentas.