El poder es como una droga, estimula pero también nubla la inteligencia. Influidos por la droga del poder, legisladores de Morena están preparados para aprobar la reforma eléctrica presentada por el Ejecutivo, que da a la CFE y a su director todo el poder. Lo que no alcanzan a ver es que la entidad todopoderosa que van a cocrear se puede volver contra ellos.

El poder no es eterno, ¿estamos de acuerdo? En nuestra democracia existe alternancia en el poder. Así llegaron a sus escaños los legisladores de Morena y así los pueden perder. Cuando regresen a ser integrantes de una oposición, sentirán los impactos de la entidad todopoderosa que creyeron construir para sí, pero que estará al servicio del nuevo dueño del poder. Esa posesión intermitente hace que los políticos tengan interés en construir instituciones que limiten el abuso cuando se está del lado de la barrera opositora. Para mitigar las consecuencias de los peores escenarios.

Al parecer los políticos del actual partido en el poder no comulgan con estas ideas. Se ven muy dispuestos a aprobar la reforma en sus términos. Piensan que son eternos y que conservarán el poder para siempre.

Esta idea la expuse ayer ante legisladores de distintos partidos en el marco de las sesiones de Parlamento Abierto que se realizan en la Cámara de Diputados. Por supuesto que el mensaje, respetuoso, lo dirigí a los legisladores de Morena y PT. El propósito de mi intervención fue dejarles ver los enormes riesgos que conlleva concentrar tanto poder en la CFE y su director.

Expuse:

Que la iniciativa de reforma plantea la extinción de la figura de “Empresas Productivas del Estado”, para dar paso a los “Organismos de Estado”. Para la CFE, la reforma establece que ya no está obligada a generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad.

En vez de eso, tendría tres nuevos mandatos constitucionales. El primero, estar a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, con un 54 por ciento, como mínimo, del mercado de generación garantizado, y un 100 por ciento de participación en transmisión, distribución y suministro básico. También sería monopsonio, es decir, el único comprador mayorista de electricidad, lo que incluiría el control del despacho eléctrico y la proveeduría del sector eléctrico.

El segundo mandato deriva del hecho de que con las reformas propuestas CFE actuaría como su propio órgano regulador, pues asumiría las facultades que hoy corresponden a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Así, la empresa determinaría sus propios términos y condiciones de operación, incluyendo las tarifas. Y el tercero: la CFE asumiría la responsabilidad exclusiva del diseño, implementación y control de todas las políticas públicas relacionadas con la transición energética. Esto incluye la nacionalización de los minerales “estratégicos”. Hoy se habla del litio, pero en el futuro podrían ser otros.

Con la reforma, la CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo con un estatus legal superior al de las secretarías de Estado.

Básicamente, y así lo dije, la reforma propone que la CFE se mande sola, pues no plantea contrapesos ni incluye mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Es más, destruye los que ya existen. Y no es claro cómo se establecería la política de propiedad y el rol del Estado regulador si se aprueba la reforma, ante una avasalladora concentración de poder de la CFE.

Algo muy preocupante en estos cambios propuestos es que la CFE operaría bajo un régimen de excepción legal de la competencia económica.

Para no abusar de ese poder, la CFE tendría que estar dirigida por santos y por ángeles. Pero como sabemos, siempre existe la posibilidad de que esto no sea así.

La iniciativa debería tener salvaguardas para evitar la discrecionalidad, la opacidad y el abuso de poder. No las tiene. La iniciativa plantea, como ya he dicho, el debilitamiento de la CRE y también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En efecto, propone que la Secretaría de Energía asuma sus funciones de vigilancia, pero si la CFE se vuelve un súper monopolio con autonomía constitucional, es muy poco lo que una dirección general de una secretaría de Estado podría hacer para prevenir el abuso.

Por todos estos argumentos expuestos, le pregunté a los legisladores de Morena si le darían todo el poder a un director general de la CFE nombrado por un presidente emanado del PRI, del PAN o de otro partido opositor.

También les pedí que legislaran pensando en el futuro. Estableciendo reglas claras, salvaguardas, contrapesos a la discrecionalidad y frenos al abuso, pues estos pueden ser necesarios para detener el abuso de alguien que, en el futuro, podría llegar a dirigir la CFE sin comulgar con ellos y su ideología.

Y mi petición final: que legislaran como si ellos y su poder actual no fueran eternos. Porque no lo son.