La semana pasada el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró, por una mayoría de siete consejeros contra cuatro, improcedente retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los siete consejeros que votaron en contra de la sanción consideraron que el retiro del registro era una medida extrema y desproporcionada, además de que el PVEM ya había sido sancionado con multas de alrededor de 185 millones de pesos. Si bien el INE y sus consejeros han recibido casi la totalidad de la atención de la opinión pública, es importante señalar cómo la regulación electoral que proviene de la reforma político-electoral de 2014 enmarca la lógica de su actuación. Se trata de un marco regulatorio desarrollado por los propios jugadores (los partidos políticos), aparentemente cada vez más interesados en proteger sus intereses que en considerar a la ciudadanía. Ante este contexto, y con miras a 2018, es importante analizar si la decisión de la autoridad electoral incentiva una conducta ilegal por parte de los partidos, los cuales a pesar de “renovarse” periódicamente –como las recientes rotaciones en las dirigencias del PRI, PAN y PRD- pueden sistemáticamente comportarse al margen de la legislación electoral sin consecuencias significativas…

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