El pasado jueves 13 de noviembre, Organizaciones no Gubernamentales de Transparencia y Rendición de Cuentas propusieron al Congreso de la Unión un formato de declaración patrimonial que no sólo obligaría a los servidores públicos a dar a conocer a los ciudadanos sus bienes financieros e inmuebles, sino también sus probables conflictos de intereses.

Sin embargo, esta propuesta no fue considerada por el Senado de la República como parte de la iniciativa por la que se crea la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Por el contrario, los legisladores dejaron para mejor ocasión reformar el formato de declaración patrimonial, el mismo que especialistas entrevistados por SinEmbargo consideraron anacrónico y hasta inútil, en términos prácticos.

“Este es bastante laxo y en términos de combate a la corrupción, inútil. De hecho, existe desde antes de la Ley de Transparencia por lo que es anacrónico”, indicó Ernesto Villanueva, del Instituto Nacional de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los impulsores del marco jurídico de la transparencia en el país.

Héctor Rubio, director de Programa en Gestión Social y Cooperación (Gesoc), una de las instancias donde se redactó la iniciativa, explicó: “Nuestra propuesta implica un formato en el que los países de la Unión Europea han avanzado. Se trata de que los servidores públicos indiquen con qué personas pueden tener conflictos de intereses. Es decir, familiares hasta segundo grado de parentesco y amigos. Además, las relaciones personales de los cónyuges. Es lo más sofisticado en el mundo en la materia y para el caso mexicano resulta el adecuado dado el nivel de ocultamiento de datos y corrupción exponenciales”, explicó…

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