México padece un interregno inédito en su historia contemporánea, producto de una dinámica de correlación de fuerzas que progresivamente ha inclinado la balanza a favor de la criminalidad organizada en detrimento de las fuerzas del orden y, sobre todo, en detrimento de la sociedad misma. Con capacidades exhaustas y al límite, el Estado mexicano luce derrotado. No es solo un gobierno o estrategia específica, sino el Estado nacional el que parece desvencijado, contemplativo e ineficaz; cada vez con menos capacidades, más inapto y, al parecer, también menos comprometido con la función básica y esencial de protección territorial y poblacional.

El problema de la criminalidad e inseguridad ha alcanzado un nivel de gravedad tal que trasciende el plano de la voluntad política y de la definición, diseño e implementación de una estrategia de seguridad adecuada y eficiente, y se ubica en un ámbito mucho más complejo y demandante: el plano de la construcción de las capacidades requeridas por el Estado mexicano para estar en condiciones de garantizar que el desarrollo del país y la vida cotidiana de los mexicanos pueda transcurrir con normalidad y tranquilidad. El Estado mexicano está técnicamente derrotado porque la pacificación, la recuperación del orden y la tranquilidad están más allá de sus actuales capacidades. La tarea de recuperar el control y reconstruir las capacidades institucionales del Estado tomará décadas.

La soberanía y gobernabilidad nacionales se han fragmentado y cada vez en más zonas geográficas se rinden, se comparten o están a la deriva ante el empuje de poderosas organizaciones criminales. A esto han contribuido decisivamente diferentes procesos estructurales: desde insuficientes capacidades institucionales e inadecuadas estrategias de seguridad, hasta paupérrimos niveles de eficiencia en el desempeño de tareas básicas por parte de las fuerzas del orden.

Esta dinámica de soberanía y gobernabilidad disminuidas y disputadas también ha contribuido a que se multipliquen zonas territoriales grises con órdenes públicos débiles e inestables, en cuyos claroscuros -como tiempo atrás lo hizo notar Gramsci[1]- han prosperado monstruosas atrocidades que plantean una ineludible disyuntiva: se frena ya el proceso de deterioro de la soberanía y la gobernabilidad ante el avance de la criminalidad, o el futuro de las generaciones por venir estará marcado por la violencia e inseguridad. Bajo ningún estándar de civilización es ético ni justo que una generación responsabilice a otras de enmendar los propios estropicios.

Del control territorial y la pax narca a la soberanía y gobernabilidad marcas

El Estado mexicano no solo ha perdido el control territorial de numerosas zonas geográficas: en esas áreas la soberanía y la gobernabilidad han pasado a manos del crimen organizado. No están simplemente extraviadas y a la deriva. En esos territorios la sociedad ha quedado desprotegida y a merced de las circunstancias. A la ya conocida pax narca ahora hay que agregar grados más profundos de perversión e involución del orden social: la soberanía y gobernabilidad narcas. En tales zonas no hay siquiera soberanía y gobernabilidad compartidas con el Estado[2], pues claramente ambas han sido capturadas por poderosas organizaciones criminales, cuyos líderes suelen ejercerlas con extrema e impía violencia. Arrojada al más crudo Hilflosigkeit, al más impío abandono y ausencia de socorro en medio de amenazas y riesgos extremos, la sociedad no tiene otra opción más que intentar sobrevivir la depredación y barbarie criminal con sus propias capacidades de sobrevivencia y adaptación.

Las autoridades de los Estados Unidos, principal socio comercial de México e indispensables aliadas en materia de seguridad, al parecer hace tiempo que lo tienen claro.

A mediados de marzo de 2022, el ex procurador general William Barr expresó que entre los principales objetivos de sus visitas en diciembre de 2019 y enero de 2020 estuvo el propiciar cambios sustanciales en la estrategia de seguridad mexicana, debido a que en su opinión el gobierno había perdido el control de lo que sucedía en el país. El expresidente Trump compartía tal opinión. Por ello, ante el evidente fracaso de las gestiones de Barr y presionado por el continuo incremento de muertes por sobredosis de ciudadanos norteamericanos, en la primavera de 2020, un grupo de alto nivel del gobierno estadounidense consideró la idea de enviar 250,000 efectivos de las fuerzas armadas para sellar la frontera con México[3]. En el verano de ese mismo año, Trump consultó con su entonces secretario de defensa -Mark Esper- la posibilidad de lanzar misiles para acabar con laboratorios de drogas en México[4]. Por fortuna, el envío de tropas a la frontera y el lanzamiento de misiles a territorio mexicano, antes que propuestas adecuadamente diagnosticadas, articuladas y viables, más bien ilustraron la exasperación del expresidente Trump con los resultados de la cooperación binacional en materia de seguridad.

A mediados de marzo de 2021, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck estimó que aproximadamente 30 a 35 por ciento del territorio mexicano está controlado por grupos del crimen organizado trasnacional[5]. Este tema ha permanecido y ha ganado notoriedad en la agenda bilateral de controversias. En junio de 2022 alcanzó un nuevo punto álgido, luego que senadores republicanos expresaron fuertes críticas porque a su juicio el gobierno mexicano ha cedido territorios a los cárteles del narcotráfico. Un reciente reporte del Congreso norteamericano señala que el Departamento de Estado considera “alarmante” el control territorial alcanzado por los cárteles del narcotráfico, y estima que la cooperación bilateral en materia de seguridad se encuentra en su nivel más bajo de los últimos quince años[6].

Otro aliado fundamental en la lucha contra el crimen organizado trasnacional, el gobierno colombiano, recientemente ha expresado su preocupación por la reducción de la cooperación de México en la lucha binacional en contra del narcotráfico, a pesar de la cada vez mayor presencia de cárteles mexicanos en ese país[7].

En distintas zonas de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, por citar algunos casos, el crimen organizado no solo ha logrado imponer representantes populares (presidentes municipales, diputados y gobernadores) sino también se ha hecho del control de actividades económicas esenciales, desde la producción, hasta el transporte y la comercialización de mercancías. En municipios de Guerrero, La Familia Michoacana controla desde la comercialización de productos básicos hasta el transporte público[8]. En otros municipios de esa misma entidad, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aliados locales como la denominada “Guardia Guerrerense”, controlan y están generalizando el cobro de piso y la extorsión[9]. En distintas zonas de Michoacán, diferentes grupos criminales extorsionan a productores e imponen cuotas a la comercialización del limón y del aguacate[10]. El Cártel de Sinaloa ha impuesto horarios al tránsito de personas, así como a la venta y precio de bebidas alcohólicas en esa entidad[11]. En Jalisco, Guerrero y Michoacán, el crimen organizado controla, explota y depreda ricas zonas forestales[12]. A escasos 90 minutos de la ciudad de México, en Valle de Bravo, quizá el principal polo turístico del estado de México, lugar de descanso de los más importantes empresarios del país y uno de los más destacados “Pueblos Mágicos”, La Familia Michoacana se ha hecho del control de la distribución de gas, del transporte de carga, del transporte público, de distintos servicios turísticos y hasta de la venta de pollo; impone sobreprecios a distintos productos y obliga a que se adquieran con un proveedor previamente determinado por ellos mismos[13].

No es solo que los grupos delictivos se hayan vuelto más fuertes o estratégicos, sino también que las capacidades de las fuerzas armadas en todos sus niveles han decaído y se han erosionado, abriendo las puertas a la impunidad y la criminalidad. Por ejemplo, un lunes de mediados de junio de 2022, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en las instalaciones de la zona militar, con el usual garbo y presuntuosidad, se anunció el inicio del operativo Fuerza de Tarea Regional, con la participación de 500 elementos y cuyo objetivo principal era disminuir la incidencia delictiva. Al día siguiente, en esa misma ciudad, a plena luz del día, células antagónicas del crimen organizado se disputaron el control de la central de abastos y del mercado, sin que autoridad alguna se hiciera siquiera presente durante largas horas.

Este listado podría extenderse ampliamente hasta incluir temas o ámbitos hasta hace poco insospechados, tales como el control del CJNG sobre la producción y comercialización de medicamentos falsos[14]; la cada vez mayor penetración del Cártel de Sinaloa en el tráfico y comercio ilegal de especies silvestres hacia otros países[15]; o la incontable multiplicación de retenes armados que células de los cárteles del narcotráfico han impuesto en carreteras y caminos del país, tal como aquel que integrantes del Cártel de Sinaloa establecieron en la periferia del emblemático municipio de Badiraguato, en el cual se detuvo, inspeccionó e interrogó a parte del convoy de vehículos que acompañaba al Presidente López Obrador a una gira de trabajo por esa entidad a finales de mayo de 2022[16]. Esos puntos de control e inspección no son simples retenes sino, más propiamente, verdaderas barricadas donde se atrincheran células del crimen organizado para desde ahí llevar a cabo funciones de defensa, protección y control territorial. Y quizá en el más tétrico exceso de realidad, o en el extremo del surrealismo, madres, familiares y amigos de personas desaparecidas prácticamente deben suplicar a los capos locales para que les permitan buscar fosas clandestinas y restos humanos en zonas bajo su control[17]. El deterioro de las condiciones de seguridad ha sido tan veloz y profundo que, por un lado, actualmente solo 1 de cada 4 mexicanos está de acuerdo con la estrategia de seguridad vigente[18]; y, por otro, la continua barbarie asociada al ascenso y fortalecimiento de las organizaciones criminales ha sido tal que, como alguna vez escribió Canetti, incluso se ha apoderado de nuestras capacidades de asombro[19].

Por: Ricardo Márquez Blas

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