Me confieso culpable de conjeturar que en los hechos de Tanhuato las fuerzas de seguridad del Estado no fueron a detener a un grupo de presuntos delincuentes sino que actuaron con la clara intención de exterminarlos. Sé que esta afirmación resulta aventurada para muchos, pero con base en los indicios y las observaciones de las actuaciones previas tanto del ejército como de la marina y de las policías, me he formado un juicio previo que estoy dispuesto a someter a las pruebas que presenten las autoridades de que su actuación se apegó a la ley y a los protocolos de utilización proporcional de la fuerza y que no cometieron, una vez más como ocurrió de manera documentada en Tlatlaya, violaciones flagrantes a los derechos humanos.

            Anticipo que el párrafo anterior va a desatar una andanada de vituperios y descalificaciones. Se me exigirán pruebas que obviamente no tengo, de ahí que lo que planteo sea sólo una conjetura. Sin embargo, como ha sido documentado por el multicitado estudio de Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y  Rodrigo Gutiérrez Rivas publicado en Nexos en noviembre de 2011 y del que pronto conoceremos una segunda entrega, el índice letal (la relación entre muertos y heridos por evento) de las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano en los enfrentamientos relacionados con la malhadada guerra contra el narco es bastante más alto que los de muchas guerras civiles o internacionales y desde luego no se corresponden con el esperado de actuaciones policíacas donde el objetivo es detener a los presuntos delincuentes para someterlos a un debido proceso en estricto apego a la ley. De ahí mis dudas fundadas de que un “operativo” que termina con 42 muertos de un bando, sólo tres detenidos, un muerto de las fuerzas policiales y un herido sea producto de un enfrentamiento donde las fuerza pública haya repelido con fuerza proporcional y con intención de tomar prisioneros una resistencia de sicarios. Dudo mucho que sólo tres se hayan rendido y que los otros cuarenta y dos hayan decidido una resistencia numantina, esperable de los grupos con causa ideológica o religiosa que se inmolan por fanatismo, no de unos bandidos a sueldo de un cartel de narcotraficantes.

            Desde luego que esperaré las actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante mi escepticismo frente a la intensa campaña de prensa desatada por las autoridades que claman el apego a la legalidad de las actuaciones de la policía federal en Tanhuato. No abundaré, entonces, en mis dudas respecto a las declaraciones oficiales. Quiero, en cambio, reflexionar sobre el significado que debe tener la idea de la fuerza superior del Estado, en reacción a los dichos de los convocantes a la marcha silenciosa por la paz en apoyo a las fuerzas armadas y en homenaje a los soldados caídos en los hechos del 1 de mayo en Jalisco, que se está organizando para el 31 de mayo en la Ciudad de México y en Guadalajara.

            Los convocantes aducen en su página de Facebook que “los hechos provocados por el grupo criminal del cartel de Jalisco nueva generación con bloqueos violentos en 39 puntos de 21 municipios del estado y enfrentamientos con la policía, pocas veces el Estado mexicano había enfrentado un desafío como el hoy.” Por ello convocan a la marcha y concluyen que es necesario “despertar en los mexicanos la conciencia de que se requiere todo el apoyo de la sociedad civil para que las autoridades apliquen la ley y logremos la paz YA!”. Dejemos de lado su atropellada sintaxis. El objeto de la convocatoria es logar una manifestación en favor de una suerte de carta blanca a las fuerzas estatales para actuar sin trabas frente a los delincuentes. Para mayor claridad, Orlando Camacho, de México SOS, afirmó: “Los ciudadanos y México debemos tener muy claro de qué lado estamos, si de las instituciones o a la defensa de quienes lastiman a los ciudadanos”, en evidente referencia a quienes hemos planteado la necesidad de que en estos casos, como en todos, la actuación de los cuerpos estatales se ajuste estrictamente a la ley, con un uso proporcionado de la fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos. Por su parte, la inefable señora Wallace, enemiga declarada de la presunción de inocencia y el debido proceso, aclaró que no pretenden competir con la Marcha por la Paz de hace 10 años:

“La marcha tiene otro fin también, no dejarle espacio a los delincuentes para que protesten. Hemos observado cómo en Michoacán, Culiacán, y otros lados quienes protestan son familiares de delincuentes” (…)”No hay que darles esos espacios, esos espacios hay que tomarlos los ciudadanos que queremos la paz y que apoyamos las instituciones y que se juegan la vida por nosotros”.

            Alguna furibunda caricatura en 140 caracteres se burla insinuando que lo que pretenden los críticos es darle helicópteros a los delincuentes para emparejar la cancha, mientras que el caricaturista laureado de Reforma asume que los cuestionamientos implican la presunción de inocencia para los narcos y la de culpabilidad para los soldados desde un también presunto tribunal popular. Si de caricaturizar se trata, también la señora Wallace y el señor Camacho se erigen en jueces, ellos no presuntos sino infalibles, mientras que los muertos son reos capitales de unos justicieros intachables. Algunos matices deben existir en el medio.

Lo preocupante del cristal a través del cual miran los que piden el respaldo irrestricto a las formas en las que actúan las fuerzas del Estado es que desprecian el elemento básico de la superioridad de la violencia estatal. La ventaja comparativa de la fuerza del Estado no está dada por su mayor capacidad letal, sino por su legitimidad, es decir por su utilización basada en reglas claras que eviten su arbitrariedad y su uso desmedido.

            Cuando se clama por la aplicación de la ley, pero lo que se busca es la mano dura irrestricta, se está despreciando claramente a la ley misma. Desde luego toda muerte de soldados y policías es una tragedia y nadie sensato puede argüir que de lo que se trata es de que el número de muertos de una y otra parte sea más parejo. No es la desproporción entre los muertos de un lado y los del otro lo que llama a suspicacia. Fue tremenda la muerte de los soldados y policías en los acontecimientos del 1 de mayo en Jalisco y afortunadamente sólo hubo un policía muerto en Tanhuato. Lo aterrador es la desproporción entre el número de muertos y el de detenidos y heridos. Desde ninguna perspectiva creo que sea un éxito una acción policial que acaba con casi todos aquellos a los que debió detener muertos. Aplicar irrestrictamente la ley implica llevar ante un juez a aquellos a quienes se acusa y presentar pruebas de sus delitos. No se aplica la ley cuando se ejecuta sin juicio en un país donde se supone que no existe pena de muerte. Y, desde luego, poco se hace para que sea la legalidad el marco real de reglas de convivencia cuando se asume que aplicar la ley es presentar cadáveres y no detenidos.

Fuente: Sin Embargo