Hace un par de semanas, un grupo de Senadores promovieron la adopción de cuatro principios básicos de Parlamento Abierto para que la discusión de las leyes secundarias en materia de combate a la corrupción pudieran contar con los mejores argumentos y a la vez vigilancia y co-creación por parte de integrantes de la sociedad mexicana. Los principios no eran nada extraordinario para un país de avanzada en materia de transparencia y acceso a la información, se trataba de la publicidad de los dictámenes, acuerdos, proyectos e iniciativas discutidas y presentadas por los diversos partidos políticos en el Senado, difundidas a través de la página internet; de la transmisión de las discusiones en vivo a través del Canal del Congreso, medios electrónicos y redes sociales; de la explicación y justificación a la sociedad de por qué los senadores  decidirían adoptar una propuesta sobre otras similares acerca de algún tema en específico y de la posibilidad de mantener audiencias públicas con especialistas sobre los temas debatidos.

Esta era la primera respuesta positiva por parte de quienes nos representan, ante el reclamo de más de medio millón de mexicanos que movilizados por la iniciativa ciudadana de ley general de responsabilidades, mejor conocida como #Ley3de3, otorgaron su firma para pedir un alto a la imperante corrupción del país.

Lo que parecía ser la escenificación del sentido de la política, eso que como bien decía Hannah Arendt debiera ser principio de convivencia o el espacio que “trata del estar juntos, los unos con los otros, los diversos”; derivó rápidamente en el lamentable espectáculo de la estridencia, la incriminación y la ineficiencia transmitida en tiempo real y con invitados de la sociedad civil como testigos.

Similar a la novela clásica de Tom Wolfe en la que todos los personajes utilizan una buena causa para beneficio personal, el oportunismo político en tiempos electorales, con la factura por cobrar del agotamiento del periodo de sesiones generó que la parte menos sustantiva del debate se trasladara a los medios de comunicación, perdiéndose así una semana de trabajo en la que no logró salir ni medio pre-dictamen de las siete leyes que se requieren para que pueda funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Desde hace diez años, los partidos políticos, los diputados, la policía y los senadores (en ese orden) forman parte de las instituciones que menor confianza inspiran entre los mexicanos. Si a esto se agrega el contexto actual de hartazgo ciudadano frente a los constantes casos de impunidad, es evidente que el costo político del enojo y el desencanto se repartirá entre todos los partidos incapaces de anteponer el bien común por encima de las vanidades y los intereses personales. Esta semana se abre una ventana de oportunidad para enderezar el rumbo, ojalá y quienes entienden del arte de hacer política puedan establecer los consensos para reencauzar el debate a favor de la ciudadanía.