Así como en el cuerpo humano existen varios sistemas (circulatorio, linfático, neuronal) que funcionan simultáneamente para dar soporte a la vida, en la sociedad existen diversos sistemas normativos (jurídico, ético, religioso) que, aunque suelen tener amplias zonas de intersección, también funcionan de manera diferenciada.
Una de las características del sistema jurídico es que sus prescripciones están respaldadas por la fuerza del Estado. Y justamente por eso existen reglas y principios cuyo propósito es disciplinar el uso de ese poder. La ética opera de manera distinta. Sus normas expresan principios y valores que guían las acciones y decisiones de las personas, pero no están respaldadas por un aparato coactivo, sino por la justificación racional y social de ellas.
Los códigos de ética sistematizan los valores y prácticas de una organización o profesión y establecen expectativas de comportamiento de sus miembros. Por su parte, los comités de ética tienen como función valorar si la conducta de una persona se desvía de los valores de esa comunidad. Para ello emiten recomendaciones con diferentes propósitos. Pero sus decisiones no tienen el carácter de una sanción penal o administrativa.
Todo lo anterior viene al caso para explicar por qué es profundamente errónea y perturbadora la suspensión dictada por la jueza de distrito que admitió el amparo presentado por la ministra Esquivel. El Comité Universitario de Ética de la UNAM no tiene facultades para sancionar, ni opera bajo la lógica de un procedimiento administrativo. Su función es esclarecer si la conducta de la entonces alumna se apartó del estándar ético de integridad y honestidad académica mediante un dictamen razonado. Dicho técnicamente, esa Comisión “no ejerce un poder público que afecte de manera unilateral la esfera jurídica” de la ministra.
La UNAM hizo bien, ante la magnitud del escándalo y el intríngulis jurídico que implica, en llevar el asunto ante el Comité Universitario de Ética. Ahí la ministra tendría la oportunidad de argumentar su caso y si, como sostiene, es la autora de la tesis, aportar los elementos que de manera razonada y plausible esclarecieran el asunto. Optó, en cambio, por judicializar un proceso de naturaleza ética y prolongar una situación que urge se resuelva porque lastima a la Universidad y a la Suprema Corte. Además, generó una situación que irremediablemente compromete la apariencia de independencia de los jueces y violenta el Código de Ética del propio Poder Judicial de la Federación.
Cuando obtuvo el grado de licenciada en derecho, la ministra Esquivel hizo una protesta solemne de ejercer la profesión con base en la ley, la ética y la justicia. Hoy, la Universidad le demanda su conducta. Es un juicio ético, no jurídico ni político. Nada más, ni nada menos. Quizá por eso se quiere silenciar a la UNAM.
Fuente: Milenio
