Después de los sucesos ocurridos en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en los que el secretario técnico fue señalado por solicitar a diversas organizaciones culturales un porcentaje de los recursos a asignárseles en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para efectivamente incluirlos en los recursos presupuestados, es momento de que los legisladores consideren seriamente la necesidad de profesionalizar, mediante la aplicación de un servicio profesional de carrera obligatorio, a todo el personal que labora dentro de las comisiones legislativas, instancias fundamentales para el trabajo del Congreso.
Al inicio de la semana legislativa, fueron publicados una serie de documentos que acusan al secretario técnico de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Alejandro Méndez González, de extorsionar a las organizaciones culturales con los recursos que reciben cada año y que se etiquetan, vía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cabe señalar que dicho funcionario es persona que se ha mantenido cercana por años a la diputada que preside dicha comisión: la panista Margarita Saldaña Hernández.
Presuntamente, el secretario técnico solicitaba un monto del 10 por ciento del total del recurso a designarse para un determinado proyecto cultural; así como un anticipo de 300 mil pesos. En caso de que la sociedad civil se negara, el proyecto corría el riego de ser vetado por el órgano legislativo. El hecho puede ser considerado un acto de corrupción, por lo que la diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro, y secretaria de la comisión, decidió interponer ante la Procuraduría General de la República, una denuncia de hechos en contra del servidor público.
En este sentido, la presidenta de la comisión, Margarita Saldaña, ha señalado que no existe una práctica de corrupción y que todo se trata de una maniobra para desprestigiar el trabajo que lleva a cabo en el órgano de trabajo y afirmó que no destituirá al secretario técnico. Cabe señalar que no es la primera ocasión que la diputada panista se encuentra involucrada en problemas por actos de corrupción; siendo delegada de Azcapotzalco (2000-2003), Distrito Federal, fue señalada por malversación de fondos.
Es de todos conocido que las comisiones legislativas, manejan importantes cantidades de recursos para impulsar determinados proyectos de la sociedad civil; es por ello que los grupos parlamentarios se disputan los órganos de trabajo al inicio de la Legislatura: la falta de transparencia y el nepotismo son sus fuertes aliados. En una investigación realizada por el periódico “El Universal” se señala que la Comisión de Cultura y Cinematografía gestionó recursos a más de 1,094 proyectos, que van desde los 100 mil pesos hasta los 61 millones de pesos.
Es inminente que, ante las cifras alarmantes que manejan las comisiones, la discrecionalidad con la que lo hacen y la poca transparencia con la que laboran los legisladores deban impulsar reformas a la Ley Orgánica y sus respectivos reglamentos para corregir estos vicios. Los órganos de trabajo deberán estar obligados a transparentar y fundamentar la asignación de cada uno de los recursos, datos que hasta el momento no se incluyen en los informes anuales de los órganos de trabajo y mucho menos en sus páginas de Internet.
Asimismo, una posible solución para erradicar el nepotismo y la falta de profesionalismo, es la implementación de un servicio de carrera en el Congreso de la Unión; el cual abarque todos los puestos de trabajo de estas instancias legislativas, desde el secretario técnico, analistas o asesores parlamentarios, hasta de apoyo operativo. Este servicio profesional garantizaría la idoneidad del perfil del personal que labora en las comisiones legislativas, además de garantizar que, en caso de que dicho personal incurra en algún acto de corrupción, éste pueda ser separado de sus funciones mientras se realizan las investigaciones pertinentes. Con lo anterior, se eliminaría la discrecionalidad que actualmente poseen los legisladores que presiden estos órganos de trabajo para deponer o mantener a los funcionarios a su cargo, solapando en ocasiones diversos actos de corrupción e incurriendo, de esta manera, en el proteccionismo.