El uso de los bienes públicos para beneficio personal constituye una práctica tan enraizada en el quehacer político de nuestro país que en muchos casos ya ha dejado de ser cuestionado en el foro público de nuestra ciudadanía. El uso y abuso de estos recursos sucede a baja escala: con el chofer-nana contratado por una institución pero en realidad encargado de llevar y traer a los hijos de un funcionario; con el uso de un celular para hacer llamadas personales; con el pago de un boleto de avión a algún destino de descanso y hasta con el pago injustificado de una comida, todo esto evidentemente a cuenta y cargo de los recursos formados con los impuestos de los ciudadanos. El abuso también sucede a gran escala: con el desvío de un río sonorense para construir una presa privada dentro del rancho familiar del Gobernador Padrés al igual que con el caso del ex -tesorero de Atizapán, recientemente detenido por desviar más de 37 millones de pesos del presupuesto municipal.

Casos similares no se conocen ya sea porque no se documentan adecuadamente, ya sea porque su normalidad e impunidad no amerita denuncia alguna. Según información de la Secretaría de la Función Pública dada a conocer tras una solicitud de información, en los últimos 15 años se han registrado 327 casos de este tipo con consecuencias mínimas (amonestación o suspensión) y rara vez destitución (sólo 6% de los casos). Por eso el caso del ex-titular de CONAGUA, David Korenfeld resulta tan emblemático, la denuncia espontánea de un funcionario público utilizando un helicóptero oficial para el traslado personal y de su familia generó una fuerte indignación que ameritaba una respuesta contundente. A cambio vimos más de lo mismo: la renuncia obligada del funcionario -más no la inhabilitación – y una sanción económica.

Tal vez esto fue lo que motivó la solicitud de información hecha a CONAGUA sobre las bitácoras de vuelo registradas durante la administración de Korenfeld ¿quiénes más dentro de la dependencia están en la lógica del aerotaxi sin amonestación alguna?. ¿qué otros funcionarios, de otras dependencias y otras entidades, actúan igual sin consecuencias?. La clasificación de la información por parte de CONAGUA generó al menos tres recursos de revisión que fueron discutidos la semana pasada en el pleno del INAI. Desafortunadamente una votación de cuatro a tres confirmó la reserva. Vale la pena sin embargo, leer las argumentaciones de los comisionados Areli Cano, Óscar Guerra y Joel Salas. Los tres avanzan argumentos que toman en cuenta el contexto actual de exigencia de rendición de cuentas. La necesidad de abrir esta información, sin poner en riesgo la seguridad nacional, está orientada a exhibir el patrimonialismo con el que actúan muchos de nuestros funcionarios y así coadyuvar a transitar a la responsabilidad pública como deber, con funcionarios cuyos actos suceden tras una deliberación asumiendo que habrá una respuesta por las consecuencias de los mismos. Pero mientras no haya posibilidad de cuestionar el abuso a partir de información de interés púbico y mientras no haya consecuencias, seguiremos entonces engendrando caciques.