A partir de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, publicada el 10 de febrero pasado, la oportunidad de ganar espacios en la vida política del país creció para la sociedad mexicana.

Ahora también los poderes Legislativo y Judicial de la federación, el INE, la CNDH, el Banco de México, Inegi, universidades públicas, partidos políticos nacionales y sindicatos estarán supervisados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para garantizar a las personas el ejercicio de su derecho constitucional.

Cabe decir que, a la fecha, este tipo de instituciones, de manera interna, deliberan si deben entregar o no la información que les es solicitada, sin que otra instancia especializada pueda intervenir para analizar la procedencia de la entrega.

Las condiciones han cambiado y acceder a la información que generan todas las instituciones públicas del país es hoy una posibilidad en la Constitución, que deberá llevarse a la realidad en los próximos meses, con la ayuda de todos los sectores de la sociedad.

No es exagerado señalar que la nueva cultura de transparencia se gestará desde esta ciudad. Como es sabido, la mayor cantidad de solicitudes de información y de consultas a los portales de internet de las instituciones federales y locales es realizada por habitantes del DF. Somos la entidad que se preocupa en mayor proporción por conocer el quehacer de sus autoridades.

Con el escenario normativo creado por el Congreso, los capitalinos tenemos la oportunidad de influir aún más en la apertura total de los archivos públicos, y nuestra participación activa propiciará que la población del resto del país se contagie para incrementar la interacción con sus gobiernos.

Por lo tanto, es necesario crear un andamiaje jurídico e institucional que haga posible esta apertura. Para lograrlo, todos podemos unirnos a la lucha de la sociedad organizada, que se ha preocupado por la materialización de la reforma constitucional y ahora porque el texto de nuestra Carta Magna se convierta en acciones concretas.

Sin embargo, no basta con crear las condiciones para asegurar el acceso a la información, la ciudadanía debe acostumbrarse a recibir cuentas claras de la gestión de sus autoridades y esto no podrá darse si no se convierte en revisora y vigilante de su proceder. Este es uno de los propósitos principales de la apertura informativa.

En ese sentido, todos los esfuerzos que realicemos para construir las bases de un país con flujos de información, deben ir encaminados hacia el establecimiento de un régimen de rendición de cuentas en todos los órdenes y niveles de gobierno. La práctica de este régimen nos conducirá a una democracia en donde todos seamos los protagonistas de nuestro futuro.

Así, la nueva cultura de transparencia implica varias cosas: a) el acceso total a la información pública, con las reservas de ley; b) la publicidad de los actos de gobierno y de los indicadores que miden su eficiencia y eficacia; c) la rendición de cuentas con todas sus implicaciones; y d) la participación ciudadana en los asuntos públicos.

De nada sirve el flujo de información en un sólo sentido, del gobierno hacia la sociedad, si las personas no se interesan en la forma en que se están utilizando los recursos públicos y en las decisiones que los gobernantes toman en su representación.

Las protestas violentas ocurridas en Ucrania y Venezuela deben hacernos reflexionar. Una sociedad pasiva permite que sus gobernantes actúen libremente y dispongan de todos los recursos a su alcance para su propio beneficio. Si no tienen un contrapeso en la sociedad, tendrán la tentación de concentrar el poder y la riqueza solamente en el círculo de sus allegados.

En México podemos decir que la sociedad ha tenido un triunfo significativo, es decir, “la reforma constitucional de transparencia”, que ha sido fruto del esfuerzo de ciudadanos organizados, académicos, escritores, integrantes de los órganos garantes de transparencia, medios de comunicación, legisladores y de la propia sociedad en su conjunto. Únicamente falta traducirla en beneficios tangibles para todos.

Fuente: El Universal