En lugar de apostar por la legalidad, frente a las arbitrariedades constantes del actual Gobierno, el frente opositor ha decidido también jugar a retar al árbitro, que con la nueva integración de su Consejo General parece más tolerante a las ilegalidades del señor del gran poder.

Ya puestos, en México todos están dispuestos a violar la Ley. La decisión del Frente Amplio por México sobre el método para elegir su candidatura presidencial es una prueba más de la enorme capacidad de Andrés Manuel López Obrador para fijar la agenda y los tiempos de la política. El gran líder ha lanzado a quienes suspiran por sucederlo a una campaña ilegal, anticipada, que pisotea las normas electorales vigentes. Frente al atropello, el Consejo General del INE parece haber optado por el disimulo, mientras la coalición opositora ha decidido no quedarse atrás y ha planteado un proceso igualmente ilegal.

Bien decía Emilio Rabasa, en La Constitución y la dictadura, que en México las elecciones no se han tratado, en realidad, de la lucha por obtener los votos de los ciudadanos, sino de una competencia por imponer a los agentes para el fraude, donde alcanzaba la victoria el partido que cometiera mayor número de atentados contra las leyes. Sólo la creación de un cuerpo profesional y autónomo logró frenar la ancestral propensión a la trampa, pero cuando la autoridad electoral afloja, entonces se hace evidente la dependencia de la trayectoria y resurgen las mañas de siempre.

En lugar de apostar por la legalidad, frente a las arbitrariedades constantes del actual Gobierno, el frente opositor ha decidido también jugar a retar al árbitro, que con la nueva integración de su Consejo General parece más tolerante a las ilegalidades del señor del gran poder. Con la decisión de hacer un proceso adelantado e ilegal, la alianza muestra que, a pesar de la movilización social en defensa del INE, a la que supuestamente se sumaron, ellos desprecian tanto la legalidad electoral como Morena, su máximo líder y los aspirantes a sucederlo.

Tanto los doce apuntados al enrevesado proceso de selección opositor, como los cuatro señalados por el dedo presidencial son, desde cualquier punto de vista, precandidatos y están violando la Ley sin ningún recato. En lugar de deslegitimar el proceso oficialista y denunciarlo ante la autoridad hasta las últimas consecuencias, los opositores decidieron emularlo. No imagino una acción más lesiva para la consolidación de la institucionalidad electoral que esta. Mucho defender al INE para acabar metiéndolo en un brete. Mucho cuestionar las ilegalidades de López Obrador para acabar comportándose exactamente igual.

Por lo demás, el barroco procedimiento de selección del “encargado de construir el Frente Amplio por México” no sólo simula de manera muy parecida a la añagaza esa de coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, sino que recurre también al método de la encuesta para definir al ganador, aunque con un cincuenta por ciento de peso en la decisión, mientras la otra mitad se deja a una suerte de elección primaria acotada. No se arriesgaron los pactantes a experimentar con un proceso electoral interno en toda la línea. Nada más tantito. 

A todos estos dislates se suma una lista de precandidaturas bastante contrahecha. Ninguno, acaso con la excepción de Xóchitl Gálvez, destila simpatía y popularidad. Algunos, como Santiago Creel, ya han mostrado ampliamente su nivel de incompetencia y otros son torvos representantes de la derecha más rancia, como el inefable señor de Hoyos. De lo poco rescatable, dos mujeres de sólida trayectoria política, inteligentes y sin evidencias de malos manejos, pero que tienen el enorme lastre de pertenecer a la más rancia tradición priista: una de ellas con más de medio siglo de carrera y la otra familiar cercano del expresidente más rechazado de las últimas décadas.

Huele a rancio en el pretendido frente amplio. Dos de los partidos que lo integran son cadáveres insepultos y el único que mantiene cierta identidad y peso propio, el PAN, carece de talento en su liderazgo y parece incapaz de construir una oferta política propia y diferenciadora, de ahí su necesidad de definirse por negación. A pesar de la insistencia de muchos analistas de la necesidad de unidad frente a la amenaza totalitaria, sigo incrédulo del rédito político que pueda obtener una alianza unida sólo por su rechazo a López Obrador que, sin embargo, a la hora de la hora está tan dispuesta a pasar por encima de la institucionalidad que pretende defender como su detestado adversario.

El país merece mucho más. Es, sin duda, la hora de oponerse a las veleidades autocráticas del actual Presidente, pero, sobre todo, es tiempo de plantear opciones programáticas para resolver los grandes problemas nacionales, la mayoría de ellos producto de la herencia del régimen del PRI, pero muchos agravados por la pésima gestión de la actual administración. Pero bien harían los opositores potenciales si empezaran por una auténtica defensa de los grandes avances de la transición a la democracia, en lugar de pasar por encima del arreglo legal surgido de ese proceso.

Queda por ver qué hará Movimiento Ciudadano. Denostado por tirios y troyanos, ese partido puede representar la diferencia en el próximo proceso electoral si decide bien su candidatura, si se muestra respetuoso de los tiempos legales y no acaba atrapado por la ambición personal de su líder. Ojalá algo de claridad surja en el pantanal de la política mexicana de hoy. 

Fuente: Sin Embargo