En días pasados, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los avances democráticos en materia de transparencia y rendición de cuentas hicieron llegar una carta al Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXII Legislatura, para expresar su preocupación sobre la opacidad y regresividad que ha caracterizado la discusión de la Reforma Constitucional en materia de Transparencia en la Cámara de Diputados.

La carta llama la atención sobre las reservas presentadas por el PRI, que no sólo detienen el proceso de aprobación de la Reforma —a pesar del compromiso con ésta expresado en el Senado—, sino que además representan graves retrocesos en la materia.

Hasta hace unos días, la sociedad civil, en un llamado de coherencia, apuntalaba la insistencia para que el PRI retirara las reservas a la Reforma para que ésta se abordara en el período extraordinario de sesiones. Se trata de una discusión que, en el marco de un proceso de reformas estructurales urgentes, no es de menor importancia.

La práctica reiterada de mantener asuntos tan relevantes a la espera fue la nota que destacó la falta de acuerdo entre las y los diputados sobre la minuta enviada por el Senado. Esto trae como consecuencia que la Reforma no se discuta en este período extraordinario y será hasta el segundo período extraordinario o en el siguiente período ordinario —en septiembre— que así se haga.

La falta de acuerdo y la negativa de retirar las reservas por parte del PRI son indicadores de, por un lado, la ausencia de un compromiso cabal con una Reforma necesaria en aras de mayor transparencia en el ámbito público. Y por otro, la ausencia de coherencia con compromisos asumidos y que además dilatan la puesta en marcha de otras reformas como las tocantes al tema de corrupción. Sin embargo, lo más grave es que los diputados ignoraron además el consenso alcanzado en el Senado en un ejemplar intercambio con la sociedad civil y la academia.

El espacio para la discusión se mantiene abierto y pese a la pausa que implica que la Reforma en materia de Transparencia no se discuta en lo inmediato, vale la pena recordar porqué las reservas presentadas por el PRI no sólo abonan a la opacidad sino que además son regresivas.

Las regresiones más preocupantes presentadas por el PRI al proyecto que fue aprobado unánimemente en el Senado de la República son las siguientes:

  • La pretensión de anular la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos de transparencia. Esto significa abrir la puerta a las autoridades públicas para seguir negando información que los órganos especializados han señalado que debe ser accesible a la sociedad. Lo que supedita la entrega de información de manera pronta a un proceso judicial que podría afectar tanto la pertinencia de la información cuando ésta sea entregada y dejar en un estado de indefensión a la ciudadanía frente a las dilaciones en la entrega.

Estas reservas y la imposibilidad de generar consensos en reformas estructurales ignoran la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas en el quehacer público. Supone que las y los servidores públicos no encuentran en su función la legitimidad suficiente como para transparentar cabalmente su trabajo y dotarnos de mecanismos para exigir que se apeguen al mandato de sus funciones. Estas reformas no son dadivas o concesiones por parte de los entes públicos, son tan sólo el mínimo indispensable para poder hablar de una democracia en donde la función pública no sólo difunda su trabajo, sino que además promueva la vigilancia social del mismo.

La Cámara de Diputados como representante de la sociedad debe atender y reflejar correctamente esas demandas ciudadanas en el marco normativo de transparencia y dar prisa a aprobar la Reforma tal y como se aprobó en el Senado. Es preocupante que la disciplina partidista y voluntad política para lograr consensos que en otros temas ha mostrado el PRI diste mucho de las acciones para avanzar en fortalecer el régimen de transparencia y el derecho de acceso a la información.

  • La negativa de incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados indirectos. Esto significa una regresión en términos de la minuta aprobada por el Senado y la mayoría de las legislaciones locales que ya consideran a los partidos políticos como sujetos obligados directos del régimen de transparencia.
  • La eliminación de la facultad del órgano garante federal de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Senado que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

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