Por Lourdes Morales y Daniel Manchinelly
Esta semana, el Secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, fue llamado a informar, explicar y justificar ante la Cámara de Diputados, los desastrosos resultados del Informe de la Cuenta pública 2010 hecho por la Auditoría Superior de la Federación. Aunque en un principio el Secretario Morgan Ríos dijo en medios de comunicación que las observaciones serían subsanadas en un 90%, en esta ocasión, la comparecencia fue interrumpida cuando el titular no respondió a las preguntas formuladas por los legisladores.
Y es que la Cuenta Pública 2010 señala irregularidades como la inadecuada evaluación del desempeño de los órganos de vigilancia y control, la falta de supervisión y seguimiento de las sanciones económicas, deficiencias en la investigación y seguimiento de las quejas y denuncias, inadecuada supervisión del cumplimiento del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, inadecuada operación de auditorías además de gasto inadecuado como el hecho de que algunos órganos internos de control gastan más del 70% en los sueldos de sus titulares mientras que en la estructura tienen poco personal operativo. Esto sin mencionar el incumplimiento de las normas aplicables al Sistema de Evaluación al Desempeño (solo se evaluó el 0.4% de los programas reportados en el presupuesto de egresos de la federación). Ante la falta de respuestas, la Cámara de Diputados recurrió al artículo 126 de su reglamento para enviar una queja al Presidente de la República sobre un funcionario público que no contesta satisfactoriamente los cuestionamientos de los legisladores.
Para algunos legisladores, este panorama vuelve a traer a discusión la cuestión sobre la desaparición de la Secretaría de la Función Pública o al menos la urgente redefinición de su adscripción y funciones ya que claramente el diseño institucional actual resulta ineficiente.
En este tenor, se dio a conocer que el candidato designado por el Presidente Calderón para ocupar la vacante del IFAI es el penalista Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Esta designación no tomó en cuenta la solicitud hecha por un grupo de académicos y de organizaciones sociales que pidieron al Ejecutivo considerar a alguien que tuviera demostrada trayectoria y preparación en el campo de la transparencia y que además no fuera cercano al Ejecutivo.
