Desde el limbo que no la sostiene ya ni como Secretaría ni como Comisión Nacional Anticorrupción, el despacho de lo que fue la Secretaría de la Función Pública está desarmado, sin personal y sin estructura suficiente para hacer frente a la corrupción.
“No podemos combatir la corrupción con una disminución del 31 por ciento de nuestro personal; por lo menos debemos mantener el que está y aprovechar su experiencia”, se quejó el encargado de dicho despacho, Julián Olivas Ugalde, ante legisladores.
Reportó que tan sólo en el primer semestre de 2014 se sancionaron 8 mil 791 servidores públicos, mientras que durante el mismo lapso del ejercicio 2011 sancionó a 3 mil 889 funcionarios, en 2012 se elevó a 4 mil 284 servidores públicos castigados y en 2013 alcanzó la cifra de 4 mil 564 empleados sancionados por cometer ilícitos.
Al comparecer ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados para explicar los contenidos del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, precisó que se han presentado 23 denuncias penales contra 35 servidores públicos y un total de 22 mil 729 sanciones a 18 mil 354 servidores públicos.
No obstante, para una mejor operación de la dependencia, demandó al Poder Legislativo “valorar la posibilidad de establecer en la ley la obligación de una efectiva coordinación de todos los órganos de fiscalización: Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, órganos de control de los estados, entidades de fiscalización local”, para una efectiva armonización contable.
Vapuleado por los legisladores de oposición con los casos de corrupción de Estela de Luz, Oceanografía, Pemex, CFE, Línea 12 del Metro, el caso del exfuncionario de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, entre muchos otros, –“por la falta de sanciones a ´peces gordos´”–, el funcionario sólo informó lo que ya se sabe de estos casos y presumió sus cifras:
“En el periodo que se informa se registraron 14 mil 905 sanciones administrativas, involucrando a 12 mil 651 servidores públicos de la Administración Pública Federal. De este universo, fueron 2 mil 614 inhabilitaciones, 3 mil 299 suspensiones, 346 destituciones y se aplicaron 8 mil 4 amonestaciones, entre públicas y privadas”.
“Se impusieron 642 sanciones económicas, con un monto total de mil 591 millones de pesos, buscando resarcir el daño, perjuicio, lucro o beneficio causado al erario federal. Estas últimas se turnaron a la Tesorería de la Federación para su cobro”.
FACULTADES A PLENITUD
“Sobre el limbo jurídico” en el que se encuentra el despacho de la SFP –dijo– “ejerce sus facultades a plenitud”, aseguró.
Informó que, “en materia de integridad y ética pública, la SFP ha impulsado la creación de Comités de ética en las instituciones para fomentar la cultura de la legalidad. A la fecha 220 instituciones cuentan con su mecanismo funcionando”.
Incluso celebró que, en materia de contrataciones públicas, “se logró un ahorro del orden de los 3 mil 296 millones de pesos, en virtud de la promoción de compras consolidadas, la homologación de condiciones y términos en las adquisiciones de bienes o la prestación de servicios, entre otras modalidades que fortalecen y agilizan el sistema CompraNet”…
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