Apenas se han dado los primeros pasos para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y no han dilatado en darse estrategias para desprestigiar el trabajo que ha venido realizando la sociedad civil. Después de la integración del Comité de Participación Ciudadana, el Comité de Selección fue severamente cuestionado por el extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, quien afirmó que existía un conflicto de interés, debido a que varios de sus integrantes tenían vinculación con la Red por la Rendición de Cuentas (RRC). Ante esta preocupación, vale la pena recordar que es natural esta relación debido a que la RRC, está conformada por más de 80 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y públicas; todas vinculadas con la agenda de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en México. También relacionadas directamente con toda la movilización ciudadana que logró las más de 600 mil firmas, que lograron llevar a las puertas del Senado la iniciativa de Ley de Responsabilidades, que se firmó bajo el nombre de Ley 3de3. Este fue un esfuerzo sin precedente de la sociedad civil y la academia por impulsar los cambios necesarios para lograr un combate efectivo de la corrupción en el País.

Por supuesto que hay vinculación. Sin embargo, vale la pena aquí hacer una precisión que no se toma en cuenta a la hora de argumentar el supuesto conflicto de interés: por su misma naturaleza, la RRC no suscribe, ni ha suscrito candidaturas específicas para la integración de los Comités de Selección y Participación Ciudadana del SNA. Como era de esperarse, las organizaciones que la integran, de manera individual, propusieron perfiles para integrar estos colegiados que darían vida al SNA ¿De dónde más podrían haber surgido las propuestas?

Los esquemas de rendición de cuentas y transparencia para los procesos de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y del Secretario Técnico, así como de todos los nombramientos relacionados con el SNA, son condiciones básicas para iniciar operaciones que garanticen la máxima publicidad y que den certezas a todos los integrantes del Comité Coordinador del SNA. En ese sentido, la exigencia de rendir cuentas viene de maravilla, pero hay que analizar el trasfondo de las críticas que se están realizando desde el Senado y que ha hecho explícitas en los últimos días el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales. Al parecer hay una gran preocupación porque se den a conocer con detalle los criterios de selección, mismos que están a disposición y que se están integrando en un libro blanco, en el caso de Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana. Por su parte, los criterios de selección del Secretario Técnico son públicos y, si hay dudas, por supuesto que vale la pena solicitar más detalle de los criterios que utilizó el CPC para seleccionar a su Secretario Técnico.

Lo que preocupa desde la sociedad civil y la academia, es que se quiera desprestigiar el trabajo abierto y planeado que se ha venido realizando para dar vida al SNA, que todavía no entra en funciones y que está encontrando en la clase política a su peor enemigo. No es menor que las críticas surjan desde esta trinchera. A partir del 18 de julio, el SNA entrará en funciones, todavía con varios nombramientos pendientes como los magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa, sin un Fiscal Anticorrupción y sin una Ley General de Archivos  que genere condiciones para que la administración pública pueda integrar la información administrativa de manera eficaz y que contribuya a garantizar el acceso a expedientes de interés públicos. Todo esto sigue en los pendientes del Senado. Tampoco hay claridad sobre el esquema de profesionalización que se impulsará para los órganos internos de control, que será las piezas clave en la identificación de áreas de opacidad donde pueden estarse cometiendo actos de corrupción.

El camino para consolidar las estrategias de combate a la corrupción efectivo es todavía largo. Los intentos por desprestigiar la labor que recae en manos de la sociedad y que se ganó con esta legislación, solamente generan ruido e infunden dudas sobre la capacidad de los ciudadanos para hacerse cargo de vigilar a sus autoridades. No debemos permitir que el miedo que está demostrando la clase política, ante la inminente puesta en marcha del SNA, vulneren los esfuerzos que se están realizando. Por supuesto que los mecanismos de selección pueden ser perfectibles, como toda decisión gubernamental.