Si todo sale bien, el día de hoy se votará en el Senado y sin mayores cambios, el dictamen que podría dar vida a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si el proceso legislativo sigue su rumbo, sin malas sorpresas ni tropezones, la propuesta tampoco sufrirá modificaciones en la Cámara de diputados con lo cual contaríamos al fin con los principios, bases y procedimientos del anhelado Sistema Nacional de Transparencia. Con este episodio, se abrirá el ciclo de la homologación de las legislaciones federal y estatales en la materia que adoptarán, en un plazo no mayor a un año, lo estipulado en la ley general. Sin duda, quedan los enormes retos de implementación, difusión y apropiación del derecho de acceso a la información así como el diseño de una política pública de transparencia. Sin embargo, los entretelones de esta ley no pueden pasar inadvertidos. Varias características convierten a este proceso normativo en algo singular: en primer lugar, desde el principio, contó con el compromiso político, al menos desde las comisiones unidas del Senado, de la apertura, el mayor consenso y la deliberación conjunta. Para ello se abrió un grupo de trabajo con la academia y la sociedad civil que trabajaron de la mano del Senado y sin complacencias para la elaboración del proyecto. En segundo lugar, ante el panorama del país, se diseñó una ley general que está muy lejos de ser un piso mínimo. Ésta toma en cuenta diez años de experiencia en el ejercicio del derecho de acceso a la información, con las resistencias, la falta de capacidades y la cultura de la opacidad incluidas. El seguimiento público del tema permitió que ante la eventual amenaza de retrocesos, se realizaran audiencias públicas por parte de un número plural de actores, las cuales fueron transmitidas en directo por el canal del Congreso.
El resultado es una normatividad compleja que de entrada establece 50 obligaciones comunes de transparencia para sujetos obligados de los tres poderes públicos, tres niveles de gobierno y nuevos sujetos obligados. Además se agregan, según el caso, otras específicas. Se incluyen criterios de procesamiento de solicitudes, plazos de atención de las mismas, criterios de reserva de información pero también criterios de generación de información que conjuran las inexistencias. Se obliga a la creación de una estructura de gestión de la información al igual que se propone la producción de una plataforma nacional de transparencia de carácter electrónico.
En tercer lugar, la ley general toma en cuenta las mejores prácticas de acceso a la información a nivel nacional e internacional. De ahí que se haya ganado la batalla de la prueba de daño y prueba de interés público, las cuales serán cruciales para determinar la clasificación y apertura de información.
Es cierto, los retos del acceso a la información no se agotan con buenas leyes, para empezar, hay que cumplirlas. Sin embargo, lo que está a punto de ganarse en el Senado no es el capricho de un grupúsculo político con intereses electorales, sino que es el epílogo de una larga y complicada batalla que de lograrse debe de saber a victoria.
Corolario: Mal empieza la semana con la noticia del “sabadazo” al espacio noticiero de Carmen Aristegui. El violento deslinde del Grupo MVS ante una iniciativa ciudadana que busca promover la transparencia y exhibir casos de corrupción a través de la denuncia es una terrible noticia para una sociedad que pretende vivir en democracia.
