El deterioro de la funcionalidad institucional es evidente. Su anacronismo, ante la carencia de operatividad y concreción del quehacer público, obstruye el dinamismo de las oportunidades sociales y es consustancial a la crisis sistémica que experimentamos.
El costo social de esta ineficacia, no sólo se refleja en la inseguridad multidimensional de los ciudadanos, sino también en una obstrucción creciente de las oportunidades sociales, porque allí donde no existen ni paz ni justicia, se ha perdido la dinámica de integración y comunión societal.
Una gran cantidad de conflictos de un universo de más de 2.1 millones de asuntos judiciales, están desatendidos y presentan importantes rezagos e irregularidades, lo que ha propiciado soluciones ilegales, basadas en la corrupción, en la búsqueda de la justicia por propia mano, o en la intervención de la delincuencia organizada, en detrimento del tejido social y del Estado de Derecho.
El acceso a la justicia demanda la atención de un sistema de defensa integral, ya que el actual sistema de defensa pública presenta sólo una funcionalidad reactiva es decir, entra en operación cuando ya está planteado un asunto ante un juez. Una defensa adecuada, considero que es también aquella que ayuda a evitar un conflicto.
La ciudadanía tiene derecho a una defensa tutelada, cuya vigencia integre una perspectiva preventiva y reactiva, que garantice el derecho al “mínimo vital” en la salvaguarda de la dignidad y de los derechos humanos.
Hasta ahora no se cuenta con un modelo integral que sistematice la Defensa Pública con los esfuerzos de las acciones gubernamentales. Es necesario fortalecer la parte preventiva y conciliatoria del Sistema de Defensoría Pública, a través de la figura del Asesor, para orientar preventivamente a la ciudadanía, respecto de los procedimientos idóneos, jurisdiccionales y alternativos, para evitar o tratar de resolver los problemas cotidianos.
La Consulta Nacional sobre Justicia Cotidiana, destaca la urgencia de lograr el desarrollo e implementación de una política pública de acceso a la justicia. Propone crear “unidades de atención temprana”, que puedan constituir una “vigorosa defensoría pública”; y regular el ejercicio profesional de los abogados, que por más de un siglo han usado una libertad cuasiabsoluta, que se ha traducido en ocasiones, en injusticias y beneficios a quienes tienen más, que no siempre, a quienes les asiste el derecho y la razón.
Esta inequidad, aunada a la dispersión, fragmentación e inconexión que priva en las distintas instituciones que pretenden procurar la justicia cotidiana, disminuyen la efectividad de solucionar los conflictos tempranos; los que apenas se van gestando; o aquellos en los cuales es imprescindible la intervención del Estado a través de los tribunales, para dirimirlos.
¿Esta realidad aleccionadora, acaso demanda consolidar las procuradurías en un sólo Sistema Nacional de Defensoría Pública?
El Presidente Enrique Peña Nieto, destacó hace unos días en el Encuentro con el Consejo Nacional del Notariado Mexicano, que: “…nos corresponde poner al día nuestras instituciones, poner al día nuestras leyes que permitan modelar los temas propios de nuestra época,…y permitan a esta sociedad moderna, generar condiciones de mayor bienestar y calidad de vida…. hoy estamos preparando quizá otra gran transformación, que es la de revisar nuestro andamiaje jurídico,… las leyes que tanto demanda la sociedad, las que tienen que ver con la justicia cotidiana.”
El ámbito penal, es el único en el cual la defensa es un derecho garantizado. Sin embargo, ha llegado el momento de superar las barreras del proceso penal e ir hacia la justicia cotidiana.
Esta instancia la pienso como un espacio que brinde orientación y abogue inmediatamente para el afectado, sin discriminarle en sentido positivo o negativo, o por su condición económica, que sea homogénea y equitativa para el disfrute pleno de la universalidad de los derechos humanos, y contención de la problemática social, al procurar la justicia a través de mecanismos alternativos y restaurativos, y de no encontrarla, procedería al plano jurisdiccional, como última opción.
Este organismo debe tener la funcionalidad que proponen juristas, como Óscar Cruz Barney, que sea adecuada para lograr la regulación y el control de la abogacía en México, mediante mecanismos como la colegiación obligatoria, y la certificación de colegios e individuos para custodiar la independencia y dignidad del ejercicio de los abogados y cuidar no sólo “la administración de formalismos y procedimientos”, sino un verdadero servicio de justicia y pacificación social.
Es impostergable imponer ante la reinstitucionalización del poder político, la aprobación de una Ley Nacional de Defensoría Pública que permita crear un Sistema Nacional capaz de armonizar una justicia sin apellidos, sin distingos, con el único interés social de amparar la seguridad y el desarrollo humano.
Aprobar una Ley Nacional de Defensoría Pública, que garantice la vigencia del derecho de defensa como factor fundamental de acceso a la justicia; impulse la magistratura de opinión ciudadana, moralizadora y guía de una nueva conducta social, donde prime el respeto pleno a los derechos humanos, como imperativo categórico del Estado de Derecho; y evite que los ciudadanos queden en indefensión frente a la inseguridad multidimensional y ante la precaria eficacia de las estructuras encargadas de procuración e impartición de la justicia.
La Ley debe asegurar que lo construido en el marco de la interoperatividad institucional y la nueva composición orgánica de las reformas en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, sean el reflejo fiel de la concreción y respuesta a las necesidades sociales, más allá de las cifras de las evaluaciones y los indicadores de planes y programas, que para el ciudadano común pasan a un segundo término, ante el peso demoledor de la inequidad e injusticia.
Si la justicia tardía es injusticia, más grave es su inefectividad. No esperemos a desarrollar la justicia cotidiana. Hagamos cotidiana la justicia, que es el mínimo vital al que tiene derecho nuestra sociedad, allí donde la ley, su ley, no es privilegio de unos cuantos, ni letra muerta.
Agenda
- La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, presentó en la Secretaría de Gobernación Federal, el “Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México“. Se destaca que hay 827 municipios vulnerables, 15 puntos con alta incidencia de trata, y cuatro grandes rutas para el tráfico.
- Mi felicitación a la Agencia de Noticias Quadratín Hidalgo en su primer aniversario y por el éxito que ha logrado, al alcanzar más de diez mil consultas diarias.
- El 1 de agosto y tras 197 entregas, Perspectiva cumplió cuatro años de publicarse todos los lunes en El Sol de Hidalgo, y ahora en la página web de la Red por la Rendición de Cuentas. ¡Gracias por su preferencia!
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