La Procuraduría General de la República (PGR) intensifica la lucha contra la corrupción al interior de la dependencia. Hoy se investiga a altos mandos de la institución, se realizan tareas de inteligencia que en los últimos cinco meses permitieron detectar casos de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa, extorsión o abusos que atentan contra la impartición de justicia, incluso prácticas añejas, pero que persisten, como el uso de las llamadas madrinas.

César Alejandro Chávez Flores, titular de la Visitaduría General, en entrevista con EL UNIVERSAL habla de forma abierta de los ilícitos cometidos por algunos servidores de la institución, para dejar claro que no habrá espacio para la impunidad. La misión que le encomendó la procuradora Arely Gómez es revertir la desconfianza hacia la policía y el Ministerio Público, “de manera que para recuperarla y poder generar una credibilidad es fundamental que haya un combate frontal, decidido, contra las conductas ilícitas de sus propios servidores públicos”.

Sólo desde abril pasado a la fecha, la Visitaduría General consignó ante tribunales 87 averiguaciones previas que involucran a 126 servidores públicos, entre los que están 25 agentes del Ministerio Público, 42 agentes de la Policía Federal Ministerial, cuatro mandos superiores, 12 mandos medios y 29 administrativos, como presuntos responsables de diversos ilícitos.

“El mandato que he recibido de la procuradora es no tolerar conductas irregulares para caminar hacia una institución que sea confiable. La ciudadanía debe tener claro que no hay espacios de impunidad. Tenemos un reto mayúsculo, pero estamos dando los pasos en la dirección adecuada, con estos primeros datos que presentamos se sustenta el que no se trata solamente de un dicho, sino de una convicción institucional que está implantándose”, advierte el funcionario.

¿Se va a proceder contra cualquier servidor público, sin importar el rango?

—Indudablemente. Tenemos casos de mandos que están sujetos a investigación, temas importantes de requerimientos ilícitos, y hemos obtenido diferentes órdenes de aprehensión contra subdelegados, por ejemplo, por cohechos y extorsiones.

Entonces, ¿va en serio?

—Claro, no se trata de una campaña, es una actitud institucional que debe ser permanente. Cuando puedan darse a conocer casos específicos lo haremos, pero los niveles que están involucrados en algunas de nuestras investigaciones no se limitan a personal operativo ni solamente a agentes del Ministerio Público y policías, sino verdaderamente a mandos medios y altos de la institución.

¿Qué marca la diferencia de un discurso que hemos escuchado contra la corrupción, con lo que se está haciendo hoy?

—En la estrategia de combate a la corrupción uno de los ejes fundamentales pasa por una evaluación de desempeño mucho más sistemática, pero también el articular un sistema de detección de conductas irregulares mucho más inteligente del que se ha tenido hasta el día de hoy en sus dos vertientes fundamentales: las responsabilidades administrativas y penales.

¿Se están detectando más casos, se ha puesto más la lupa?

—Sí. A partir de una reconfiguración de nuestros esquemas de trabajo interno en la Visitaduría General que fiscaliza, evalúa y persigue las conductas irregulares por parte de agentes del Ministerio Público, policías o peritos, hemos obtenido resultados mayores que los que se presentaron en los últimos años.

En el ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos de la PGR, desde abril de este año se han consignado 87 averiguaciones previas, es decir, en promedio traemos mensualmente 21 expedientes contra servidores públicos remitidos ante juzgados, 91% más respecto de lo que se vino haciendo desde el arranque de la actual administración.

¿Se está privilegiando la labor de inteligencia para identificar los casos?

—Hay un énfasis en el tema de inteligencia. La institución cuenta con información de quiénes son sus miembros, dónde están, qué están haciendo, y eso permite identificar tendencias posiblemente irregulares. El procesamiento de información hace posible detectar lo que está ocurriendo en una determinada zona o área, y permite hacer intervenciones mucho mejor dirigidas. La apuesta en la inteligencia, el contar con personas que tengan perfiles de analistas de información adecuado es un insumo fundamental para ser mucho más asertivos.

¿La PGR está poniendo énfasis en detectar el enriquecimiento ilícito de sus servidores?

—Sí, hemos podido comprobar cinco casos recientes, en los que hemos ejecutado acción penal ante tribunales, personas que tienen un patrimonio notoriamente superior a aquel que pueden comprobar de acuerdo con sus ingresos.

Hay una obligación de todos los servidores públicos de declarar ante la Secretaría de la Función Pública su patrimonio, y adicionalmente a todo el personal se le aplican los procesos de control de confianza, que pasan por la revisión del entorno patrimonial y social de los funcionarios. Se hacen investigaciones más puntuales donde se requiere información al sistema financiero mexicano respecto de las cuentas, ya sea de los servidores públicos, de sus familiares o dependientes.

Los servidores públicos que han sido consignados ante tribunales por la probable comisión de enriquecimiento ilícito son: dos agentes del Ministerio Público, dos policías federales ministeriales y un director general. Estos casos no corresponden a delincuencia organizada.

¿Por qué otros delitos se ha procedido penalmente?

—Contra la administración de justicia, tenemos el practicar cateos ilegales fuera de los casos, el lugar o los alcances autorizados por un juez, y que los elementos policiales o ministeriales se exceden. Hay desafortunadamente consignaciones por esta causa.

Se detectó el engaño a una persona para decirle que tenía investigaciones en su contra, con la finalidad de obtener un lucro; tenemos algunos casos de abuso de autoridad por retenciones ilegales o detenciones fuera de los casos autorizados o por tiempos superiores a los permitidos por la ley; el uso excesivo de la fuerza cuando se hace una aprehensión y se causan lesiones.

Tenemos solicitudes de jefes a subalternos de parte de sus viáticos a cambio de seguirlos enviando de comisión; abuso de autoridad por impedir a un ciudadano la presentación de denuncias; algunos cohechos, por ejemplo, por solicitar dinero para permitir a un ciudadano que siga su camino en un punto de inspección, a familiares de los detenidos para favorecerlos en la integración de una indagatoria, o en su determinación y situación jurídica.

Detectamos extorsiones, señaladamente cometidas por elementos de la Policía Federal Ministerial, básicamente a cambio de no inculpar a alguien por la comisión de un delito. Ocurre, por ejemplo, con personas que están en actividades de narcomenudeo, y los elementos se presentan amenazándolos de que se les iniciará una investigación si no pagan una cuota correspondiente.

Hay casos diversos de privación ilegal de la libertad, de abuso de confianza. Tenemos consignaciones por asociación delictuosa. Se han ejecutado prácticamente 50 órdenes de aprehensión, 17 de ellas sólo en julio y hemos obtenido 43 autos de formal prisión.

¿Se procede por la vía penal y la administrativa?

—Desde abril se han concluido 73 procedimientos de remoción en contra de personal sustantivo, con la separación del cargo de 77 servidores públicos: 66 agentes del Ministerio Público y 11 de la Policía Federal Ministerial. Significa 260% más que lo que se realizó en todo lo que venía de la administración.

¿Qué otras irregularidades se han detectado?

—Tenemos otros casos que encuadran en el incumplimiento, retraso o perjuicio por negligencia en la actuación del Ministerio Público; por ejemplo, hay averiguaciones previas en las que identificamos que se prolongan sin realizar las diligencias pertinentes, que se van quedando ahí dormidas por el paso del tiempo, o se decreta la libertad de detenidos sin que se exhiba la caución o cuando había elementos para ejecutar acción penal.

Encontramos uno en el que no se preservó la secrecía, se previno a los presuntos responsables de que estaban siendo investigados, por lo que tomaron previsiones para evitar ser detenidos en flagrante delito.

Casos de actuaciones ministeriales en los que se detiene a extranjeros y no da la debida notificación y oportuna a la embajada o al consulado correspondiente, que constituye una violación incluso a tratados internacionales.

El uso de madrinas era una práctica del pasado. ¿Qué tan frecuente sigue siendo?

—Una conducta añeja y que estamos muy interesados en reprimir es el auxiliarse de personal ajeno a la institución, lo que se conoce como madrinas. Es importante que lo pongamos en conocimiento, porque no forman parte de la institución, son auxiliares no autorizados de los policías, a través de los cuales realizan muchas actividades propiamente ilícitas; son quienes tienen contacto con las personas a las que se pretende extorsionar y eso permite a los elementos mantener el velo de su verdadera identidad.

Tenemos detenidos en Aguascalientes, que fueron sorprendidos en un retén donde auxiliaban a dos civiles —vestidos con uniforme de campaña— y a un policía ministerial, que inspeccionaban un tráiler.

A partir de la incidencia de denuncias, podríamos pensar que es una práctica que desafortunadamente todavía tiene un arraigo indebido en los cuerpos policiales y también en los ministeriales. Hemos recibido denuncias en una muy buena cantidad de localidades del territorio nacional.

¿Se han detectado casos de tortura? ¿Cuántos?

—Existen 52 averiguaciones previas iniciadas este año por posibles casos de tortura que involucran a 97 servidores públicos, en ninguno se han encontrado todavía elementos constitutivos del delito; sin embargo, se están llevando a cabo las diligencias, como la aplicación del Protocolo de Estambul.

Como tendencia de los últimos dos años, en los tribunales cuando se toman las declaraciones ante los jueces, en muchos de los casos los imputados refieren haber sido detenidos con malos tratos y en todos los casos de manera sistemática el Poder Judicial da vista al Ministerio Público. No podemos prejuzgar los casos y debemos investigar de forma exhaustiva.

¿Han enfrentado resistencias para realizar este trabajo?

—Esto tiene que ver con un trabajo de largo plazo orientado a cambiar la cultura institucional, que no se modifica solamente a partir de mensajes o de campañas, sino de la implementación de una serie de intervenciones que permitan modificar el entorno en el cual se desempeña el personal.

Por ejemplo, la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal implica muchas modificaciones, y aquí en paralelo estamos dándonos cuenta de cuáles son los elementos que verdaderamente tienen visión de innovación y están dispuestos al cambio, y aquellos que presentan resistencias, porque en la forma tradicional de trabajar se ocultaba la posibilidad de actos indebidos.

Se está poniendo un énfasis particular en la evaluación del desempeño, que exista una verdadera carrera de mérito en donde podamos conocer el historial del rendimiento que tiene un agente del Ministerio Público, un Policía Federal Ministerial, y que pueda recibir promociones basadas en sus resultados. Son el tipo de intervenciones en las cuales creemos de largo plazo y además de un combate frontal fuerte a las conductas irregulares en sí mismas.

Tenemos un Centro de Evaluación de Confianza serio, robusto, con técnicas muy probadas, al mejor nivel internacionalmente, sustentadas en pruebas poligráficas, sicológicas, en revisiones de entorno patrimonial y social, y que nos permiten conocer el medio en el cual se desarrollan los servidores públicos; además, esa información está siendo utilizada por la Visitaduría General para identificar áreas, zonas y grupos en los cuales pudieran existir conductas contrarias a la legalidad.

¿Son herramientas que reducen el riesgo, pero no impiden que pueda haber un mal elemento?

—Así es. Ningún medio por sí mismo resuelve el problema, por eso el fenómeno de la corrupción debe ser atendido desde una visión completa. En la medida en que cada una de las herramientas cumpla con su función será mucho más confiable el sistema en su conjunto.

Fuente: El Universal