Sabemos que ayer comenzó el proceso electoral que llevará a los comicios del 7 de junio del 2015. Sabemos que este proceso recuperará buena parte de la experiencia que acumuló el extinto IFE en la organización de las elecciones, pero que será la primera prueba para el recién nacido Instituto Nacional Electoral (INE) y para los procedimientos establecidos por la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Sabemos que además de esta nueva legislación general hay otras tres que se estrenan: la de Partidos Políticos, la de Delitos Electorales y la del Sistema de Medios de Impugnación, que han retomado buena parte de los precedentes ya establecidos, pero que ahora regulan con mucha mayor amplitud.

Sabemos que, a diferencia de elecciones pasadas, esta vez la responsabilidad principal de la organización de las elecciones en todo el país y del éxito de su desenlace recaerá precisamente en el INE. Si bien todavía existen los órganos electorales locales, su integración y su funcionamiento práctico han entrado a la órbita del control central, bajo el supuesto político —aún no probado— de que así se inhibirá la influencia de los gobernadores y de los presidentes municipales en los resultados de los comicios. Y sabemos que esa responsabilidad no sólo ha crecido por la lógica según la cual las malas artes locales se pueden bloquear mediante el control nacional, sino porque el INE ya designó a las y los consejeros de los institutos electorales locales y porque —aunque no les pagará el sueldo— conducirá y vigilará cada uno de los pasos que den y, al final, habrá de dar la cara por ellos.

Sabemos que el 7 de junio competirán diez partidos políticos para elegir a los 500 diputados federales que cerrarán el sexenio, y también a 9 gobernadores, a las y los integrantes de 17 congresos estatales, de todos los ayuntamientos de esos mismos estados —incluyendo a los municipios electos por usos y costumbres de Oaxaca— y de todas las delegaciones del Distrito Federal. Sabemos además que las cuentas de todos los candidatos que se presenten serán revisadas por el INE, con un nuevo procedimiento de fiscalización pari passu y que las conclusiones de esa revisión —que implicará el estudio de más de setenta mil informes pormenorizados— significará uno de los mayores desafíos por venir, dado que las campañas políticas que rebasen los topes establecidos por el propio INE podrían conducir a la anulación de los resultados.

También sabemos que las normas jurídicas, por prometedoras que sean, suelen competir con las rutinas políticas ya establecidas. De hecho, sabemos que para eso se escriben: para tratar de modificar los comportamientos de las personas, en función de los premios y los castigos que promueven las normas. No obstante, sabemos que los partidos políticos —y los candidatos independientes que se sumen a la contienda— nos inundarán con su propaganda política y que tensarán sus diferencias con las opciones contrarias hasta donde puedan, para tratar de ganar las simpatías de los electores. Sabemos que buscarán la forma de impugnar las campañas y los votos ganados por otros partidos en todos los rincones de la nueva legislación y sabemos, por esa misma razón, que muchas de las campañas serán denunciadas por haber rebasado los topes establecidos o por haber vulnerado las restricciones establecidas para hacer propaganda o por la influencia indebida de los gobiernos y los poderes fácticos, en medio del mayor número posible de escándalos ciertos o fabricados.

Sabemos, pues, que los procesos electorales que ya han comenzado nos traerán los mismos dolores de cabeza que ya conocemos, a los que se añadirán los que la nueva legislación habrá procreado. Y sabemos que debemos conservar la paciencia, ya que todo esto sucederá inexorablemente desde hoy y hasta mediados del año 2015.

Fuente: El Universal