La próxima semana, la Cámara de Diputados discutirá la reforma de transparencia, después de un proceso de negociación partidista cerrado —ajeno a la participación de la ciudadanía—. Entre otros puntos preocupantes, el Grupo Parlamentario del PRI ha planteado que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) puedan ser combatidas por distintas autoridades públicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto significa que, en la práctica, las autoridades podrán dilatar y negar la entrega de información pública.

El Colectivo por la Transparencia y México Infórmate consideramos que lo anterior sería un duro revés al desarrollo democrático del país. Las modificaciones propuestas por el grupo parlamentario del PRI (GPPRI) a la Minuta del Senado (planteadas en la Cámara de Diputados) representan un retroceso muy grave al marco normativo de transparencia. Si bien el carácter inatacable de las resoluciones del IFAI se mantiene en el texto constitucional propuesto, abrir la posibilidad a que algún representante del Poder Ejecutivo y a los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores pueda combatir sus resoluciones bajo excepciones amplias y ambiguas —como la seguridad nacional, la estabilidad económica y/o cualquier otra excepción—, anula en los hechos la posibilidad de que sea este órgano especializado la última instancia en materia de transparencia. Lo anterior evidencia una flagrante simulación que sólo pretende debilitar la máxima protección del derecho de acceso a la información.

En vista de la falta de información clara y oportuna, desde el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate solicitamos, a principios de agosto,a las y los diputados que integran las Comisiones dictaminadoras que nos compartieran su postura sobre el tema, bajo la consideración de que las posiciones de los grupos parlamentarios son relevantes porque afectarán el resultado final de la reforma.

Las y los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) enviaron en conjunto una respuesta en donde reiteran su posición en contra de las reservas del Partido Revolucionario Institucional y a favor de eliminar la posibilidad de que las autoridades impugnen las resoluciones del órgano especializado porque restaría solidez, confiabilidad y certeza a los órganos garantes. De igual forma, respaldan que los partidos políticos sean entidades sujetas a las decisiones del IFAI y que el nombramiento de las y los titulares de este instituto recaiga en un órgano colegiado de deliberación como es el Senado de la República. Confiamos en que el GPPAN mantenga la posición pública que ha manifestado.

En el caso del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), recibimos una respuesta. Sin embargo, no podemos considerarla representativa de la posición de todo el grupo porque las manifestaciones públicas de sus diputadas y diputados son ambiguas y divergentes. Esperamos que la postura del GPPRD se mantenga en la línea de protección de los derechos humanos y la lucha anticorrupción.

De igual forma, recibimos una respuesta del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. En ella suscribe también el contenido de la minuta del Senado, con excepción de la intervención del Poder Ejecutivo en el proceso de designación de los comisionados del órgano garante.

En cuanto al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, recibimos una respuesta que se apega al sentido de las reservas.

Consideramos que las propuestas del GPPRI para modificar la minuta del Senado son inaceptables: que las resoluciones de los órganos garantes no sean definitivas e inatacables, que los partidos políticos no sean sujetos obligados directos, que el órgano garante federal no tenga la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad en su materia, y que el proceso de designación tenga una influencia mayor por parte del Presidente de la República.

Las autoridades públicas recurren a la impugnación de las resoluciones del IFAI para reservar información que por su naturaleza es pública, desde los viáticos de servidoras y servidores públicos, hasta información sobre el desempeño de los ministerios públicos. A pesar de que los partidos políticos recibieron más de 3,600 millones de pesos en 2013, el actual régimen de transparencia de los partidos no favorece la rendición de cuentas a la sociedad y sólo se limita a la fiscalización por parte del Instituto Federal Electoral. La sociedad tiene derecho a conocer el manejo de los recursos públicos para evitar los abusos y a que el Estado le garantice el acceso a dicha información.

La reforma en materia de transparencia es un tema de interés de la sociedad mexicana porque es, precisamente, sobre la que descansa la efectividad de reformas de gran trascendencia como la fiscal y la energética. Ninguna reforma estructural puede cumplir sus objetivos si no se transparentan antes el uso de recursos públicos y la toma de decisiones, y se asegura la rendición de cuentas de los funcionarios públicos encargados de desarrollarlas.

Las diputadas y diputados de la LXII Legislatura tienen la obligación de aprobar una reforma que haga efectivo el derecho de acceso a la información en México.

– See more at: http://articulo19.org/mexico-informate-y-el-colectivo-por-la-transparencia-expresamos-preocupacion-por-reforma-constitucional-en-materia-de-transparencia/#sthash.zoT6RXej.dpuf