Las mediciones internacionales son crueles con México cuando de evaluar el combate a la corrupción se trata.
El presidente identificó bien en sus años de recorrer el territorio nacional en campaña permanente los problemas principales, el diagnóstico que hizo fue muy adecuado, la pobreza, la desigualdad, la marginación eran los flagelos principales de México, acompañados en todo momento de la corrupción.
Es un círculo vicioso que va aumentando como una espiral pues la pobreza, la desigualdad y la marginación son lugares ideales para generar corrupción, y de regreso entre más corrupción exista más pobreza, desigualdad y marginación habrá.
Sin embargo, pese a tener un buen diagnóstico las acciones que ha realizado el gobierno en lugar de contribuir al combate a la corrupción han trabajado en favor de esta. Lo podemos ver en el índice de capacidad para combatir la corrupción en América Latina, el cual en su medición del año 2022 nos coloca en el lugar doce de quince, están por debajo de nosotros solamente Guatemala, Bolivia y Venezuela. Caímos un lugar del año pasado, con una puntuación descendente que implica un deterioro del 13% desde el 2019 a la fecha.
El índice hace un análisis especifico de las causales de esta situación y expone que México cayó en todas las categorías, pero el descenso más profundo se dio en la de “Democracia e Instituciones Públicas” donde observamos que la variable “procesos legislativos y de gobierno” está casi en el suelo, no alcanza ni un punto de diez posibles. La explicación a esta bajísima calificación señala que se debe a los esfuerzos que hace el presidente para interferir en los procesos legislativos y judiciales, por las críticas que lanza contra las instituciones independientes como el INE (Instituto Nacional Electoral), el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y protección de datos personales).
Hablando del tema de compras públicas se observa como el número de contratos adjudicados directamente va en aumento y se pretende ocultar la información referente a las grandes obras donde se destina una enorme cantidad del presupuesto, reservándolas por ser supuestamente información de seguridad nacional, lo cual dista mucho de ser cierto. Preocupa a los evaluadores que las críticas presidenciales han alcanzado a organizaciones de la sociedad civil y reporteros. Es una lucha del gobierno contra sus gobernados, ciudadanos a los que el presidente cataloga como sus adversarios y los ataca diariamente desde su posición de poder y de difusión de información. Los esfuerzos que se hacen desde los sistemas nacional y estatales anticorrupción se ven rebasados por las conductas presidenciales, las cuales arrastran sin remedio la medición. No lo dije yo, no es un tema político ni de preferencias partidarias, es un estudio que expone la situación de 15 países Latinoamericanos, donde podemos ver que las cosas para México no van nada bien.
Fuente: Milenio