Impulsar una política pública orientada a reducir las brechas de desigualdad entre los géneros y a garantizarles el acceso y libre ejercicio de todos sus derechos, no es una tarea sencilla; lograr que ésta sea exitosa en su propósito, tampoco.

De acuerdo con el recién lanzado Índice de Género de los ODS, elaborado por defensoras y defensores en la materia, “ningún país ha alcanzado la recta final en materia de igualdad de género” 1, entre ellos México. Según sus datos, nuestro país se encuentra por debajo de Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina y Colombia, entre muchos otros de la región, por factores como la percepción de inseguridad de las mujeres. En el caso de México, el 60% de las que aquí habitamos nos sentimos inseguras de caminar solas por la noche2, y la realidad confirma nuestro miedo: cada día 10 mujeres son asesinadas, a pesar de todo el andamiaje normativo e institucional que existe y se trabajado desde hace más de 26 años para tratar de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y para erradicar la violencia contra las mujeres.3

En la región y en el país, llevamos décadas visibilizando estas problemáticas, denunciando la responsabilidad institucional para erradicarlas, trabajando para ello y, a pesar de todos nuestros esfuerzos, aún nos encontramos muy lejos de alcanzar una sociedad equitativa, igualitaria y justa, ¿por qué? Si retomamos tan sólo uno de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres contemplados en dicho corpus normativo e institucional, como el problema de la violencia sexual contra las mujeres, quizá podamos encontrar algunas pistas.

Desde 1980, por ejemplo, en Estados Unidos el acoso sexual fue catalogado como una de las conductas que debían ser penadas en el ámbito laboral y, por ende, prohibidas. Para erradicar estos comportamientos, la solución que se planteó fue controlar cualquier interacción y expresión sexual entre hombres y mujeres en los espacios laborales. Veinte años más tarde, no sólo la problemática persistía, también se cuestionó este modelo de atención ya que se basaba en dos falsos supuestos: colocaba el deseo sexual como la fuente del acoso y se centraba sólo en relaciones heterosexuales, invisibilizando las relaciones de poder que se dan fuera de una lógica binaria (hombres – mujeres), así como la intención que subyace de discriminar.

A partir de estas reflexiones, en 2000 se impulsó un modelo de atención que buscó ampliar el espectro de lo que entendíamos por acoso sexual fuera de una lógica de comportamientos individuales para visibilizar que en el origen de este tipo de discriminación está la intención de controlar a toda aquella persona que amenace el orden de género, o bien, de subordinar para perpetuar los patrones históricos de desigualdad y garantizar así los privilegios. Demostrando que el fondo son las estructuras sociales y culturales luchando para que las normas de género patriarcales no pierdan ni un ápice de poder.

A pesar de este gran cambio, gracias a las denuncias públicas (anónimas, confidenciales; con rostro y sin él), hoy sabemos que ambos modelos presentan vacíos y que el acoso sexual tenía aristas que habíamos normalizado y justificado, bajo otros falsos supuestos; uno de ellos, que existían espacios laborales asépticos de discriminación y de violencia, como las organizaciones de derechos humanos. Hoy, entendemos que la radicalidad cultural que necesitamos para enfrentar esta problemática es desde la interseccionalidad. Sólo así, quizá, podamos reconocer a las personas que corren mayores riesgos de sufrir violencia sexual; sólo así, quizá, no las volveremos a perder de vista: mujeres indígenas, jóvenes, lesbianas, transgénero, entre muchas otras identidades interseccionales.

Es momento de diseñar políticas acordes con el contexto; políticas que nos obliguen a colocarnos en nuestro punto ciego para evitar cometer los errores del pasado. En Fundar, por muy complejo que esto pueda ser por el momento, lo estamos intentando. Hace un par de años, al igual que muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, recibimos denuncias de acoso y hostigamiento sexual de parte de mujeres que trabajaron en la organización y de otras que colaboraron de alguna forma con nosotras.

Estas denuncias nos cimbraron profundamente. No exageremos al decir que hay un antes y un después en Fundar después de esos hechos. Teníamos por lo menos dos maneras de enfrentar estas denuncias. Procesarlas como hechos aislados resultado de comportamientos individuales que debían ser castigados. O bien, reconocer que nuestra organización no estaba libre de violencia de género, y que la normalización de estas prácticas, así como la falta de estrategias de prevención, sensibilización y mecanismos para procesar las denuncias, es algo que nos correspondía enfrentar institucionalmente.

Desde este segundo lugar, comenzamos un proceso de reflexión institucional para reconocer y atender el problema, no solo mediante la elaboración de un protocolo para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y la discriminación, sino desde una perspectiva interseccional, feminista y de derechos que ha implicado cuestionarnos todo. No ha sido sencillo, y será un proceso largo, pero estamos convencidas que hacerlo de esta forma, nos llevará eventualmente a contar con un espacio seguro para todas y todos. Enfrentar esto desde la autocrítica y la responsabilidad, nos ha permitido abrir el diálogo y la reflexión con otros actores de la sociedad civil organizada para impulsar cambios profundos que nos permitan construir un sector en donde todos y todas nos sintamos seguras y sin miedo

Por: Claudia de Anda es coordinadora de Gestión Institucional y del Conocimiento, y Haydeé Pérez Garrido es Directora Ejecutiva de @FundarMexico.

Fuente: Animal Político

1 Más allá de los debates respecto a la elaboración de Índices, estos datos evidencian el rezago para alcanzar la igualdad de género en 129 países en los que habitan el 95% de niñas y mujeres en el mundo.

2 Op.cit. pág. 39

3 La Convención Interamericana, Belém do Pará (1994) obliga por primera vez a los Estados Parte de la región a condenar todas las formas la violencia contra la mujer y a adoptar políticas orientadas a erradicarla. En México existe la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres(2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.