El pasado 25 de octubre se hizo la presentación de resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, iniciativa realizada a petición de la Procuraduría General de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República y coordinada en conjunto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El objetivo de este ambicioso ejercicio, realizado entre mayo y agosto de este año, fue “analizar y discutir propuestas viables para el diseño y construcción de un modelo de procuración de justicia acorde con los estándares y exigencias del sistema penal acusatorio”. (Vea aquí informe)
La premisa inicial de la Consulta es que a pesar de todos los cambios normativos que se han dado para transformar el sistema penal en México, los esfuerzos no han alcanzado y la implementación del mismo ha sido mucho más compleja de lo esperado. También se requiere una reflexión profunda sobre los retos que todavía deben enfrentarse para lograr los cambios, en todos los niveles de gobierno, que paulatinamente permitan que las instituciones generen nuevas rutinas, así como lograr la eficacia y la eficiencia del sistema penal del país. La convocatoria logró integrar las opiniones y propuestas de un amplio grupo de servidores públicos federales y estatales, instituciones académicas, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y expertos extranjeros, que compartieron sus propuestas en diferentes ejes temáticos: (1) víctimas y derechos humanos, (2) política criminal, (3) seguridad pública, (4) modelo de investigación, (5) procuración y administración de justicia, (6) modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia, (7) gestión, organización y cambio en las instituciones de procuración de justicia y (8) delincuencia organizada.
La presentación de estos resultados llega en un momento de crisis en las instituciones de procuración de justicia del país: sin Procurador General de Justicia, con la reciente remoción del Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales y sin el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Sin duda, esto pone en evidencia la necesidad de blindar la autonomía de estas instituciones y la urgencia de rediseñarlas para poder cambiar la realidad de quienes requieren un acceso efectivo a la justicia. El reto es de la mayor envergadura y es urgente su atención, pues las fallas en materia de impartición de justicia no han logrado resolverse, tampoco se han consolidado mecanismos de carrera que permitan que policías, ministerios públicos y peritos puedan acceder a una carrera estable, que les permite responder a su institución y no ser capturados por otros intereses, hace falta construir una visión sistémica que permita generar cambios en todos los niveles de gobierno y que hagan viable la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal. El riesgo de parálisis en este tema, en medio del año electoral que está en curso es latente. Es por ello que estaremos muy atentos a las acciones que se impulsen para seguir adelante con la transformación del modelo de justicia.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC
