El gobierno federal debe asumir una actitud más realista y distinguir entre aquello que sí se logrará transformar para el 2016 y aquellos otros ámbitos que quedarán pendientes, de cara a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
El Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) refiere que el gobierno federal parece estar empecinado con la idea de cumplir con dicho límite como sea, cuando tal vez sería más prudente asegurar el establecimiento de las bases de lo que deberá ser una transformación más allá de ese 2016, que es la fecha límite para su total implementación.
“Lo urgente consiste en modificar los modelos de trabajo al interior de las instituciones, establecer mecanismos de evaluación y mejora continua, además de desarrollar las competencias necesarias en los operadores. La tentación de conformarse con la foto de un majestuoso o sencillo complejo judicial y un letrero de “misión cumplida” podría dejar los cambios institucionales de fondo para otro momento. Independientemente de que sí es indispensable la modernización y actualización de la infraestructura física del sistema judicial”, refiere el análisis del Centro de Estudio.
El análisis del CIDAC afirma que a diferencia del gobierno federal anterior, encabezado por Felipe Calderón, la administración del priísta Enrique Peña Nieto ha demostrado mucho interés en el tema, a fin de concluir el proceso a tiempo para junio del 2016, prueba de ello, son los más de 7,000 millones de pesos destinados al sector…
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