Los 33 órganos garantes de transparencia del país agrupados en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), se pronunciaron por una reforma constitucional de vanguardia en la materia la cual logre crear un verdadero sistema nacional de transparencia gubernamental.
Tras realizar su XIV Asamblea Nacional en Toluca, Estado de México, los integrantes de estos órganos garantes -que incluye al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), expresaron su confianza en que las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión logren una reforma que fortalezca el derecho de acceso a la información en todo el país.
Por medio de un comunicado el colectivo planteó siete puntos “indispensables” los cuales debe incluir la reforma que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados como el que el texto constitucional establezca órganos garantes con autonomía constitucional, especializados e imparciales.
“Para cumplir con el principio de expedites en la garantía de este derecho, las resoluciones de los órganos garantes deben ser definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

No así para las personas, que podrán recurrir al IFAI como segunda instancia cuando no estén conformes con las resoluciones de los órganos locales, o al juicio de amparo, ante el Poder Judicial”.
La COMAIP expone que no es conveniente permitir a los sujetos obligados interponer recursos de revisión ante la SCJN en contra de las resoluciones de los órganos garantes, porque esa posibilidad retardaría la entrega de la información a los ciudadanos.
Consideró que no es funcional facultar al IFAI para que atraiga recursos de revisión de las entidades federativas a discreción, pues ello atentaría contra la debida autonomía de los organismos garantes locales.
“Estamos ciertos de la conveniencia de expedir tres leyes generales que establezcan estándares mínimos en materia de: transparencia gubernamental y acceso a la información pública; protección de datos personales, y archivos”, señala el documento.
Además los partidos políticos deben ser sujetos obligados directos de la legislación en materia de transparencia, tanto a nivel federal como local, además de los fondos y fideicomisos públicos, las personas físicas y todo aquél que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
“Es importante que la Constitución determine la obligación de todo servidor público de documentar sus actos de autoridad, para que la sociedad pueda realizar una revisión adecuada de su gestión”, señala el último punto.

El Universal