La Ley General de Acceso a la Información: una visión de Estado

Quiero agradecer la deferencia de mis colegas de la Red por la Rendición de Cuentas, concretamente de la Doctora Lourdes Morales y del Dr. Mauricio Merino, de invitarme a comentar esta publicación. También quiero agradecer la hospitalidad de la Casa de Francia. Sin duda somos privilegiados al contar con un espacio como este, ideal para una conversación como la que estamos teniendo.

Quiero también pedir una disculpa, pues aunque no soy muy adepto a leer en presentaciones, en esta ocasaión lo haré. Espero poder darle el tono adecuado y no hacer demasiado tediosa la lectura del texto.

Por principio de cuentas quiero confesar que, sin demeritar su notoria importancia y sin escamotear la seriedad de su contenido, la presentación de este cuaderno se da para mi en un marco de profunda confianza. En el seno de la Red me siento entre amigos, pero además con el privilegio de conversar con colegas que comparten una visión: en este país es necesario un giro de tuerca y avanzar hacia una política pública de rendición de cuentas. La convicción de que no sólo es necesario o deseable trabajar por lograr este cambio radical sino posible es un norte común, es un punto de cohesión y a la vez el cemento de muchos esfuerzos. Por esa razón, me he permitido preparar estas palabras en un tono íntimo por no decir chabacano, pero profundamente respetuoso.

Hace unas semanas Lulú me llamó para proponerme participar en la presentación de este cuaderno. Como es obvio suponer, inmediatamente acepté. No es díficil imaginar que ante un privilegio de estas magnitudes decir no es poco menos que un despropósito. Sin embargo, la ilusión se me estaba convirtiendo en angustia, porque a escasas horas de esta presentación, el texto a comentar aún no estaba en mis manos.

Mi preocupación quizá se pueda entender mejor si tenemos en cuenta que en los nuevos tiempos políticos se corren graves riesgos si se comete un oso o se tiene una intervención desastrosa durante la presentación de un libro. El riesgo más grave, y bien documentado durante la feria del libro de guadalajara, es que puede uno terminar siendo Presidente de la República.

Por fortuna, finalmente ayer tuve en mis manos un ejemplar de: La Ley General de Acceso a la Información: una visión de Estado, el tercer cuaderno publicado por la Red por la Rendición de Cuentas y cuya autora es la Doctora Jaqueline Peschard. Se trata de un trabajo de divulgación, con un prefacio a cargo de la Dra Lourdes Morales, que plasma en 27 cuartillas una reflexión sobre la pertinencia de contar con una Ley General de Transparencia.

Desde mi perspectiva, el trabajo se define principalmente por una característica, tiene el mérito de la lealtad. Me parece, y lo digo sin escamoteo, que Jaquie es primero que nada leal con su trayectoria como académica y con su experiencia como funcionaria pública de primer nivel. Este argumento no hay que desarrollarlo demasiado, lo digo con tanto respeto como contundencia: se le extraña mucho en la presidencia del IFAI. El compromiso es otra de las virtudes del texto, especialmente el que se expresa en forma de argumentos (a las afirmaciones les corresponde un ejercicio de sustentación) y con el esfuerzo por tejer la evidencia con hechos y actos demostrables. Ese compromiso con las ideas, es también la mejor forma de ejercer el compromiso político, sea con la causa de la transparencia o con cualquier otra.

Desconozco cuál sea el estilo de lectura que ustedes prefieran. En mi caso, además de frivolidades como escuchar música y encontrar una posición cómoda, también busco construir una relación con el autor o la autora. Y ahí voy, a lo largo del ejercicio de lectura en un diálogo sobre el acuerdo, la diferencia, con la duda y, a veces hasta con el atrevimiento de la sugerencia. Lo que a continuación les compartiré son partes de este ejercicio.

A lo largo de las 8 secciones que integran el trabajo de la Dra Peschard, uno se sumerge en una recopilación (reconstrucción creo que es mejor término) de las distintas etapas de la consolidación normativa del derecho de acceso a la información. Se trata de la narrativa de uno de los estira y afloja más intensos de nuestra vida pública. Y en ese sentido Jaqueline es generosa al llevarnos de la mano de su buena pluma por las discusiones por la Ley de Acceso a la Información, posteriormente nos invita a un chapuzón en la reforma al artículo 6º constitucional (incluido el análisis de la participación de los gobernadores y la ruta en Cámara) así como por las batallas campales en el ámbito judicial y el galamatías que hemos pasado para evitar contrarreformas, tales como la de fusionar el órgano de transparencia y la oficina ombudsman en Querétaro, legislar el pago de montos prohibitivos y otras similares, todas ellas hijas de la ocurrencia de un sector de nuestra clase política.

Cuando terminé esta parte pensé: bien ahí Jaquie. Bien por describir esos obstáculos, bien por decir que son los legisladores “los que fracturan la columna vertebral del derecho de acceso a la información, obstaculizando el prinicpio de su carácter expedito”. Bien por darnos ese contexto. Pero también extrañé una reflexión de las condiciones generales que hacen de las discusiones legislativas una auténtica paradoja. Pensé entonces, querida Jacqueline ¿no ves tú ahí algo de paradójico? Algo así como las películas cuyo guión es un viaje en el tiempo, en donde el protagonista viene del futuro a nuestro presente en busca de algo determinante para el que es su presente (y a la vez nuestro futuro). La paradoja se da cuando resulta que el futuro en realidad es resultado de su viaje al pasado.

Creo que algo así sucede en materia de acceso a la información. Algunos legisladores suelen tener antecedentes en el mundo de la opacidad municipal o estatal. O ahí es en donde está su futuro político. Los problemas en el ámbito municipal y su posible solución desde el Congreso federal son una relación llena de paradojas. Resulta que muchos de estos actores políticos los que tendrían que aportar, desde la discusión en la sede federal, las soluciones a las condiciones de opacidad de las que ellos abusaron o piensan abusar. Frente a esto, las paradojas de viaje en el tiempo de las películas de ciencia ficción parecen un ejercicio menor de desafío a la lógica.

¿No tendríamos que destinar más tiempo a entender cómo afectan las trayectorias políticas –desde una lógica de incentivos y contraincentivos- la ruta legislativa de la transparencia?

En la siguiente sección, con la evidencia en la mano, obtenida principalmente de la Métrica de la Transparencia, así como de sentencias judiciales relevantes, verbigracia el caso Radilla, la Dra Peschard es lapidaria en dos afirmaciones:

“hoy, nos dice, la discusión ha entrado a un nivel de detalle gracias a que existe experiencia suficiente para demostrar de qué manera cada pequeña pieza del engranaje puede poner en riesgo el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información de las personas”

Pero nos ofrece también esta otra:

“la experiencia sobre qué funciona y qué obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso a la información hace necesaria la emisión cuidadosa, seria y con espiritú garantista de una Ley General de Acceso a la información, teniendo en mente que se trata de un derecho fundamental que no puede estar condicionado por las circunstancias sociales, geográficas o políticas de la entidad en la que se encuentra el individuo”

Debo aclarar que si bien entiendo el sentido de esta última afirmación y comparto la preocupación que expresa, desde una perspectiva del uso crítico del derecho (corriente doctrinaria por la que tengo cierta fascinación), el enfoque podría ser otro. Los autores de estas corrientes sostienen que, en términos generales, el derecho siempre está sujeto a una correlación de fuerzas entre actores, ya en el sentido de su producción legislativa, ya en el de su interpretación o aplicación. Visto desde ahí, me tomo el atrevimiento de sugerir que nos está haciendo falta (y aquí hablo de la comunidad de práctica que formamos todos nosotros) una reflexión más densa y una acción más decidida para revertir condiciones políticas adversas.

Complementan el balance un análisis de la dimensión constitucional, del que destacó la impecable lectura sobre las consecuencias jurídicas del nuevo artículo 1º constitucional. Ni cómo negarlo, ahí mi trayectoria como abogado del movimiento de derechos humanos me sesga. Pensé una vez más: bien ahí Jacquie, es un gran aporte vincular la reforma constitucional en derechos humanos con el derecho de acceso a la información. Hay mucho más que el artículo 6º y esta visión constituye un aporte sustancial. Lo aportado por la Dra Peschard, contribuye a la superación de una actitud “artículosextocéntrica” que nos ha seguido los últimos años.

También disfruté la reflexión sobre la dimensión política, de la que bien vale la pena subrayar el tino de recoger el trabajo de la COMAIP, la capacidad de propuesta que han logrado expresar en conjunto los órganos garantes y los puntos de comparación con lo que en absoluto le es ajeno a Jacqueline Peschard, la demanda de elecciones limpias y las implicaciones de la alternancia política.

Con toda esta base llegamos a un punto en el que surge la pregunta rectora, la de la praxis ¿qué tanto se puede avanzar? El conjunto de apreciaciones que encontramos no sólo están dichas con toda claridad y sin eufemismos, son un derroche de análisis, no es especulación ni declaración de intensiones. Una frase nos dice mucho: “digamos sin ambages que la primera complicación de todas es la coordinación y cooperación entre la federación y las entidades federativas”.

Porque, ya lo he dicho, es un privilegio encontrar tejidas las interpretaciones con la evidencia, la referencia a hechos y actos demostrables. Y el botón de muestra de esta sección es sumamente sugerente, no hay que andarle buscando nada a las hormigas… son disimiles las resoluciones de los órganos, se requiere retomar buenas prácticas en materia de plazos, falta el impulso a criterios aperturistas, etcétera. Los argumentos para tener una ley general están ahí.

Para ir cerrando quisiera retomar una frase de la propia Jacqueline. Ella nos dice:

No hay manera de escapar a la lógica de las aproximaciones sucesivas pero sí hay manera de escapar a la simulación. México tiene la oportunidad de legislar y de innovar pensando en los derechos fundamentales y no en cotos, en lógicas de camarilla, en intereses personales o en mejores márgenes de discrecionalidad gubernamental.

No le quito ni una coma. Y si se distrae la doctora Peschard, le robo la autoría.

Por último, no quiero terminar sin hacer dos confesiones. Es pública mi posición respecto a las tensiones que expresan estos modelos de leyes generales para el federalismo. El cuaderno tiene sección muy, muy bien lograda sobre este punto y los argumentos están ahí, de manera sólida y detallada. Pero a mi me cuesta pensar estas medidas como soluciones. Quizá es mi provincionismo veracruzano y el recelo con el que miramos todo lo que viene desde chilangolandía. Tal vez sea que como “buen” abogado, tengo poca fe en el Derecho o que leo una dosis de optimismo sobre lo que pueden lograr las leyes que no suelo compartir. Lo cierto es que en este caso, no sólo no doy la pelea contra esta alternativa, han sido los argumentos de colegas de la Red los que poco a poco me han ido convenciendo de su bondad y viabilidad.

La otra confesión es que, al terminar de leer el cuadernillo decidí servirme un segundo mezcal. No es relevante en este momento indagar a qué hora me serví el primero, ni tampoco cuántos fueron, lo que es importante es que lo disfruté mucho y que me lo tomé pensando: a tu salud Jacquie, muchas felicidades por este gran trabajo.