La pobreza, la desigualdad y la exclusión en la que se encuentra sumergido un porcentaje importante de la población mexicana debiera ser un llamado urgente a diseñar programas y políticas públicas focalizadas, transparentes y bien evaluadas cuyos resultados corresponderían a un gobierno que se hace cargo del problema público de manera responsable. Lejos de esta realidad, encontramos que la política social mexicana implica una inversión importante (457 mil 272 millones de pesos es decir, 11.6% del gasto público programable) pero aun no logra superar en su totalidad las inercias del clientelismo y el capricho político. Así lo demuestra el análisis de GESOC, organización de la sociedad civil integrante de la Red por la Rendición de Cuentas, que desde hace seis años ha evaluado el desempeño y transparencia de los programas sociales del Gobierno Federal. En su última edición, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos (INDEP 2014) muestra que el 77.5% de los 182 programas sociales del Gobierno Federal, no pueden resolver el problema público que atienden ya sea por su bajo desempeño o bien, porque no cuentan con las herramientas para identificar a la población potencialmente beneficiaria. Estos programas están clasificados bajo las categorías de “Caja Negra del Gasto Social”, “Desempeño Escaso” o “Dispersión de la política social” e implican una inversión de 151 mil millones de pesos.

Ante estos resultados, GESOC ha hecho un llamado al Congreso para no seguir premiando programas ineficaces y opacos y para que en el Decreto de Presupuesto 2015, se consideren principios de transparencia y rendición de cuentas que permitan revisar la política social en su conjunto. Se pide también que aquéllos programas que no proveen información necesaria para estimar su desempeño o que no cuentan con un nivel de desempeño óptimo cuenten con mecanismos suficientes de rendición de cuentas para su evaluación y consideración. En contraste, se exhorta a que aquéllos programas con alto potencial de desempeño o con nivel de desempeño óptimo sean prioritarios en los incrementos presupuestarios como sucedió el último año en el cual, los 22 programas con mejor desempeño concentraron el 67% del presupuesto social. A pesar de los grandes avances que han existido en materia de evaluación, sistematización de datos y acceso a la información el lastre del uso de la política social con fines electorales prevalece a un elevado costo económico y social. Con un poco de voluntad política el Congreso podría avanzar en diseñar una política social más eficiente y con mejores resultados como la que ahora México necesita.

Corolario: Una preocupación adicional se generó esta semana cuando finalmente el Congreso aprobó la ley secundaria que otorga autonomía al CONEVAL. Las principales preocupaciones que vertieron expertos en la materia generaron el peor de los mundos: sin diagnóstico previo y de un plumazo, se otorgó autonomía constitucional a un órgano que ahora contará con una burocracia cara debido a la creación de un consejo permanente integrado por miembros seleccionados con criterios políticos. Para compensar el error, con la se creó además un consejo técnico con criterios de selección más estrictos. Los mandatos y la interacción de ambos cuerpos no queda clara así como tampoco lo está el funcionamiento del propio CONEVAL, el alcance de sus recomendaciones y el trabajo conjunto con otras dependencias clave. Si lo que pretenden los partidos políticos y el gobierno es promover una política social efectiva, sus acciones demuestran lo contrario.