De acuerdo al reciente informe que presentó el magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, Elías Cortés Roa “una de las facultades que se le atribuyeron al TJA posterior a la reforma a la constitución del Estado, fue la competencia para conocer y resolver en relación a la materia de responsabilidad administrativa”, de las cuales, se desprende el inicio de las acciones legales por eso hechos.

Es así que los procedimientos contra actos indebidos en el ejercicio público han comenzado a tramitarse ante este Tribunal y representa el 4 por ciento de los asuntos atendidos, de enero a noviembre, del presente ejercicio fiscal, detalla el informe de esa entidad.

El informe refiere que, el TJA es un órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa que forma parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, está facultado para sancionar actos de corrupción a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa graves que son promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y los órganos internos de control.

Sin embargo, el informe que presentó el magistrado Elías Cortés Roa a los integrantes del Pleno del TJA, no precisa quién interpuso esas denuncias, pues únicamente señala que el procedimiento de responsabilidad administrativa es una “de las herramientas a través de las cuales se previene y sanciona las faltas graves presuntamente cometidas por personas servidoras públicas  de las diversas instituciones públicas”.

No obstante, es de citar que en agosto de este año, el  Poder Legislativo reprobó  las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2022 de 16 ayuntamientos y dos dependencias del gobierno estatal dado el alto porcentaje de daño patrimonial detectado en sus estados financieros.

Los municipios que reprobaron su cuenta pública son: San Pablo del Monte, La Magdalena Tlaltelulco, Yauhquemehcan, Tlaxcala, Tepeyanco, El Carmen Tequexquita, Lázaro Cárdenas, Mazatecochco, Zacatelco, Xiloxoxtla y Cuapiaxtla.

Además de Tetlatlahuca, Apetatitlán, Xicohtzinco, Texoloc y Muñoz de Domingo Arenas, así como la Universidad Politécnica de Tlaxcala y el Fideicomiso Ciudad Industrial Xicohténcatl.

Al TJA le corresponde sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que incurran en cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, nepotismo, abuso de funciones, obstrucción de la justicia, enriquecimiento oculto y simulación de acto jurídico, por lo que falta conocer quiénes y por qué conductas han iniciado procesos de sanción.

Fuente: La Jornada