Por primera vez desde que iniciaron las marchas de protesta por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la movilización del jueves pasado culminó con la propuesta de crear un Frente Cívico Ciudadano destinado a combatir la impunidad y modificar el funcionamiento del actual sistema político mexicano. Aunque varias propuestas se han puesto sobre la mesa, no existe aún un liderazgo contundente que permita establecer una agenda de largo plazo con los tomadores de decisiones. Gobernantes y gobernados van solos, sin comunicarse.

No sería la primera vez que el descontento masivo azuzado por escándalos de corrupción, terminan por impactar el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, el México de hoy requiere más que reformas y pactos político-partidistas dóciles al proyecto del Ejecutivo, para restablecer la legitimidad y la credibilidad en las instituciones y los gobernantes.

Hace tres años, el movimiento anticorrupción iniciado en India por el activista Anna Hazare obligó al Parlamento a discutir la polémica Jan Lokpal Bill, una propuesta destinada a crear un órgano independiente para la investigación y denuncia ciudadana de casos de corrupción. La sociedad civil de ese país se manifestó durante meses y aunque la ley ha sido tachada por especialistas como de “ingenua” ésta fue votada con modificaciones a finales del 2013. El gobierno –forzado por la ciudadanía- ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los ejes centrales de su agenda.

En Francia, tras las dudas fundadas sobre el manejo financiero de la campaña del Presidente François Hollande, se lanzó una política de prevención de “conflictos de interés” que incluyó el refuerzo de medidas de transparencia y la publicidad obligatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los parlamentarios, ministros y altos funcionarios gubernamentales.

Finalmente, en Brasil, el mandato y reelección de Dilma Rousseff ha sido constantemente amenazada por escándalos de corrupción. Las movilizaciones masivas del 2011 obligaron al gobierno a iniciar una “cruzada anticorrupción” que implicó la destitución de siete ministros y la definición normativa de la corrupción como un “crimen hediondo”. Las manifestaciones por los gastos excesivos del mundial, hicieron que “la faixineira” (“la limpiadora”) como se comenzó a llamar Rousseff, convocara a un diálogo con los líderes de las manifestaciones para atender las exigencias de salud, transporte y combate a la corrupción. Recientemente, el escándalo Petrobras dejó al descubierto que 62 políticos recibieron sobornos y al menos 20 empresarios y funcionarios participaron en el desvío de fondos a través de contratos con la petrolera. El resultado ha sido 85 mandatos judiciales y el bloqueo por 300 millones de dólares en bienes.

Replegados sobre sí mismos, en México, el gobierno y los representantes populares han dado en las últimas semanas, tibias respuestas, insensibles al contexto de exigencia, que lejos de ayudar han profundizado aún más la indignación colectiva. El “laissez faire” ha sido reflejo del vacío: un intento fallido por agotar el descontento. Si realmente se quiere que la crisis se convierta en oportunidad y no acabe por dominar la violencia y la anarquía, el gobierno tiene que empezar a dialogar y a construir propuestas de política pública y cambio institucional de largo plazo. Todo esto a base de diálogo y acuerdos, de la mano de la ciudadanía.

Corolario: El equipo de la Red por la Rendición de Cuentas expresa su más sincera felicitación a Transparencia Mexicana por su 15avo aniversario y a la Dra. María Marván por su nuevo nombramiento como Presidenta de tan prestigiosa organización. ¡Enhorabuena!