De esta manera inicia pues la etapa final del proceso electoral 2013, en medio de la posibilidad -al menos ya hecha propuesta- de que se reformule el concepto del Instituto Federal Electoral y desaparezcan sus símiles estatales, para darle paso a un organismo nacional que podría encargarse de la realización de comicios para los tres niveles de gobierno.

El Pacto por México firmado por los principales partidos y actores políticos, y recientemente “redimido” de tambaleante crisis, es prácticamente un extenso inventario de buenas intenciones en el que entre otras cosas, se propone la creación de este nuevo organismo que se encargue no solamente de elecciones federales, sino también de las locales.

Por su parte el Partido Acción Nacional presentó su iniciativa de reforma electoral, que de aprobarse permitiría a un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) -según su criterio- fiscalizar todo tipo de recursos en campañas a nivel federal, estatal y municipal, con el fin de evitar financiamientos ilícitos además de quitarle el poder a los gobernadores, quienes suelen tener control de los institutos estatales.

Sin embargo ya iniciados los procesos en 14 entidades del país, los órganos electorales en los estados son de momento relevantes puesto que tienen cierta competencia legal, aunque para nadie resulta ajeno el que los señalamientos a dichos institutos – incluido el de Durango- se repitan una y otra vez previo y durante todo proceso electoral que han llevado a cabo.

Tristemente se han vuelto blanco de la desconfianza de algunos partidos y la ciudadanía en general, como en el caso del estado de Coahuila, donde el IEPC ha sido uno de los peor calificados en el país según la organización Alianza Cívica, cuyos dirigentes han hecho serios señalamientos contra éste y otros institutos en el resto de los estados.

Tanto en tiempo pasado como presente, Durango no ha estado exento a críticas y señalamientos en cuanto al trabajo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se refiere; evidentemente ante la pasividad en los mensajes de consejeros electorales, la ciudadanía no los identifica como autoridad garante de un verdadero proceso democrático.

Muchas fueron las anomalías, movimientos y estrategias sospechosas, detectadas tanto en pre como inter campañas; actitudes que amparadas en una ley imprecisa, fueron ejecutadas de manera “magistral” por partidos y candidatos, asesorados por estrategas jurídicos que los ayudaron a soslayar la norma y navegar en esas lagunas que vienen a modo.

Muy pendientes estaremos pues de la actuación del llamado árbitro electoral en el estado, que de concretarse la propuesta, al igual que sus equivalentes en otros estados, estarían viviendo sus últimos procesos y pasarían a la historia como órganos obsoletos que fracasaron, lejanos al correcto desempeño de las encomiendas para las que debieron ser creados; distantes de ser verdaderos reguladores de procesos electorales.

(FUENTE: http://www.elsiglodedurango.com.mx/)