En las últimas semanas, desde algunos espacios de sociedad civil hemos estado presionando para que el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, avance en el tema de la reforma constitucional en materia de Transparencia.

El escenario con el que nos encontramos es por mucho desalentador. Desde diciembre del año pasado el tema está en la cancha de los diputados. Parecía que todo marcharía fluidamente y que no habría mucho más que discutir luego de que en el Senado se diera un proceso participativo e incluyente. Pero no fue así. Bajo diversos pretextos la discusión del dictamen se fue postergando hasta que el tiempo pasó, llegó abril y los diputados se encontraron sin acuerdo tras una serie de reservas que la fracción parlamentaria del PRI metió a consideración.

Las reservas planteadas, lejos de avanzar en la construcción de un sistema de rendición de cuentas más completo, quitan las facultades del IFAI o juguetean con la idea de que otros órganos (el caso del IFE y partidos políticos) garanticen lo que hasta ahora nos ha sido garantizado.

Llegó el verano y la prisa invadió a los diputados: se convocó a un periodo extraordinario, mismo que se dará la próxima semana. Inicialmente los líderes de bancada argumentaron que el tema de transparencia era prioritario y que estaría incluido. Sin embargo, esta noción tenía que convivir con que no hay acuerdos, el PRI sigue con la postura de no bajar sus reservas, el PRD con mensajes encontrados y el PAN con una postura fuerte ante la necesidad de aprobar la reforma tal como la envió el Senado. Lo que sucedió es que finalmente el tema no será abordado en el periodo extraordinario. ¿Qué sigue? En principio tendrá que discutirse en septiembre, pero hasta el momento lo que sabemos es que el PRI no bajará su postura, ya que considera que los argumentos del Senado no son suficientes y desestima los aportados por la sociedad civil y por las otras fracciones parlamentarias.

Lo que está en entredicho son los siguientes puntos:

• Anular la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos de transparencia. Esto significa abrir la puerta a las autoridades públicas para seguir negando información que los órganos especializados han señalado que debe ser accesible a la sociedad. Es decir, que la indicación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de que tal o cual autoridad entreguen información puede ser apelada por la autoridad ante un ente judicial. Dicho de otra forma: que las autoridades se defiendan para no dar la información.

• La negativa de incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados indirectos. La experiencia con el Instituto Federal Electoral ha demostrado no ser tan eficiente. El argumento de los diputados es que los partidos ya tienen mucha fiscalización. Pregunto: ¿será que un poco más les viene mal? No sobra decir que la mayoría de las legislaciones locales en materia de transparencia y acceso a la información ya consideran a los partidos políticos como sujetos obligados directos del régimen de transparencia.

• La eliminación de la facultad del órgano garante federal (IFAI) de interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Senado que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Desafortunadamente existe la posibilidad de que a través de modificaciones legislativas en distintas materias se vulnere el derecho de acceso a la información. Si el IFAI no tiene la facultad para iniciar acciones de inconstitucionalidad, ¿quién y cómo garantizamos nuestros derechos ante regresiones en el acceso a la información?

Desde este lado de la sociedad civil seguiremos insistiendo en que estos planteamientos no abonan a la vida democrática del país y que no plantearlo no dañará el interés común. Quizá dañe intereses particulares, pero definitivamente no el de la mayoría.

Este tema podrá avanzar entre los diputados cuando de verdad entiendan que garantizar un mejor escenario de transparencia y de acceso a la información no es un tema ocioso, intangible y de bajo impacto que sólo interesa a pocos sectores. El tema es prioritario para alcanzar mejores esquemas de participación ciudadana: sólo quienes están verdaderamente informados participan en la vida pública. Con mayor transparencia mejoran los servicios, abatimos esquemas de corrupción y en principio mejoramos el tipo de gobierno. ¿Acaso no es lo que nos prometió en campaña el actual presidente? Entonces no entendemos qué es lo que no quieren entender.

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