A un año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el tema del combate a la corrupción quedó excluido del mensaje de presentación y ocupó apenas un lugar discreto en el Primer Informe de Gobierno.
La falta de centralidad del tema en el discurso público fue una de las preocupaciones que se externaron durante el Seminario Internacional “Combate a la corrupción: balance para una propuesta” organizado por la ASF, el InfoDF, IDEA Internacional, el IFAI y la Red por la Rendición de Cuentas. En esta jornada de reflexión quedó claro que el problema de la corrupción es uno de los principales desafíos que enfrentan los países tanto en proceso de democratización como con democracias consolidadas. También existió un consenso en señalar que la corrupción es un problema complejo, multicausal, que frecuentemente involucra redes de actores, de instituciones y de procedimientos que funcionan de manera sistémica y que, por lo mismo, requiere de diagnósticos que tomen en cuenta la causalidad y complejidad del fenómeno para poder formular soluciones viables.
Dentro de éstas no sólo destaca el comprender el problema de la corrupción en todas sus dimensiones, sino también el detectar las motivaciones perversas que se pueden generar al momento de desarrollar políticas públicas de combate a la corrupción. En este sentido, se mencionó en reiteradas ocasiones la tentación de los gobiernos por obtener mayor aceptación al usar la corrupción como argumento político legitimador a partir de lo cual se formulan propuestas inadecuadas.
La Red, retroalimentada por los debates desarrollados, propone que antes de plantearse la creación de nuevas instancias y de nuevas instituciones, así como de pensar en la necesidad de fortalecer los castigos —sin por ello aceptar la impunidad—se debe de hacer un esfuerzo por identificar las causas de la corrupción.
Ante esto, se propone un diseño que establezca los criterios mínimos necesarios de una política pública de rendición de cuentas. Esto supone, en primera instancia, atajar la reproducción de esfuerzos, acciones institucionales y marcos normativos inconexos y desarticulados —que ya ha diagnosticado la Red—. Por lo tanto, se requiere completar y concatenar. Esto es, un diseño que permita articular, integrar y coordinar a las instituciones que participan en los proceso de rendición de cuentas.
Esta coordinación implica, por un lado, una reforma constitucional que permita ordenar y alinear las normas vigentes, articulando las instituciones que ya existen y que permita la siguiente secuencia:
a) Una asignación presupuestaria vinculada a la evaluación de resultados con base a objetivos previamente definidos.
b) Un proceso sistemático de producción de información sobre la acción gubernamental.
c) Un proceso abierto de asignación del gasto público en todas sus modalidades.
d) La implementación cabal de un sistema de contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno.
e) Un sistema nacional de fiscalización facultado para emitir resoluciones vinculantes (incluyendo las sanciones). Adicionalmente, en donde todos las entidades vinculadas con la auditoría gubernamental en el país trabajen bajo los mismos estándares profesionales y principios éticos.
f) Es necesario también un proceso sistemático de monitoreo y de evaluación que tenga indicadores que permitan medir la evolución de programas y desempeño de órganos y que sustituya al modelo tradicional de control.
g) Un sistema de responsabilidades individual e institucional eficiente y eficaz.
Todo esto bajo un enfoque de participación y vinculación social en los poderes del estado, agencias estatales y dependencias de gobierno. En este sentido resulta pertinente la revisión de mecanismos como la contraloría social y la denuncia ciudadana para que éstas generen algún impacto y se logre una exigencia de rendición de cuentas efectiva.
De esa reforma debería derivarse, a su vez, una Ley General de Rendición de Cuentas que precisara los procedimientos administrativos indispensables para concatenar y vincular la secuencia en todos los niveles de gobierno. Las reformas y modificaciones institucionales no solucionarían todo el problema de la corrupción, pero sin duda, puede sentar las bases de una política pública de rendición de cuentas lo cual no sólo corresponde a los acuerdos ya pactados entre todos los partidos políticos sino que además no modificaría las rutinas ya creadas en las instituciones y generaría más eficiencia en su actuación. También se atendería la exigencia social de acciones públicas de combate a la corrupción y mayor rendición de cuentas.
A la par de los cambios institucionales, este proceso requiere trabajar con la ciudadanía, fortaleciendo los liderazgos comprometidos con la rendición de cuentas e involucrando a niños y jóvenes a través de la educación en el combate a la corrupción. Toda la información sobre el material del Seminario estará disponible a partir de este miércoles en (www.rendiciondecuentas.org.mx).
