El proceso electoral que se realizó el pasado 4 de junio, arroja datos relevantes que nos llevan a la reflexión sobre los retos que todavía se deben enfrentar para hacer más efectivos los resultados de elegir a nuestros gobernantes, así como de las áreas de opacidad que siguen presentes y dificultan un esquema integral de rendición de cuentas y fiscalización de los partidos políticos. De acuerdo con el Segundo Reporte Electoral 2017, presentado por Integralia Consultores “El costo presupuestario total de la democracia electoral mexicana en 2017 asciende a 29,525 millones de pesos. No incluye aportaciones privadas a campañas ni tampoco el financiamiento ilegal que no se reporta a las autoridades.” (Integralia, 2017)

Al revisar el presupuesto electoral de las 4 entidades en las que se llevaron a cabo elecciones, el presupuesto ascendió a 4 mil 28 millones de pesos, con un costo promedio por elector de 203 pesos. Estos recursos son los que deberán fiscalizarse. Sin embargo, están los otros recursos, de los que todos hablan, los que utilizan los partidos, pero de los que nadie tiene certeza de cómo se ejercen, de dónde salen (puede ser de privados o de las propias arcas del gobierno) y que ocasionan que las elecciones se conviertan en carreras por recursos para otorgar apoyos, movilizar estructuras y garantizar los votos necesarios.

Sumado a eso, durante la jornada electoral se hicieron denuncias sobre prácticas de coacción del voto a cambio de seguir recibiendo apoyos de programas sociales u otro tipo de beneficios. No fueron pocas las narraciones en las que era evidente que afuera de las casillas se encontraban personas que estaban registrando el voto de los ciudadanos que organizaron como parte de su estructura electoral, la cual genera costos de operación que inflan los presupuestos de los partidos. Todas estas prácticas serían causas de nulidad de las elecciones. Sin embargo, los procesos de fincamiento de responsabilidades siguen siendo tardados y, además, estas acciones están generalizadas en todos los partidos políticos. Ya no importa la bandera, las reglas del juego implícitas en los procesos electorales están presentes y todos deben “entrar al juego” si quieren tener resultados competitivos en la contienda.

Estos resultados, en los que la participación electoral osciló entre el 50 y 60 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral nos debe llevar a repensar en las estrategias que deben impulsarse para terminar con las áreas de opacidad en los procesos de elección. La democracia resulta cara, opaca y no genera la certeza ni la legitimidad de los que ganan las elecciones. Se hacen denuncias, pero muy pocas se consignan. No se fincan responsabilidades y no se generan estrategias para eliminar las áreas de opacidad en el proceso electoral. Tampoco se cuenta con medios de verificación efectivos, que contribuyan a generar mecanismos de inteligencia para encontrar inconsistencias entre los recursos ejercidos y lo que efectivamente se gastó en las campañas.

El escenario para 2018 seguramente será muy similar. Se necesita alzar la voz, se requiere interés de los propios partidos por incrementar mecanismos de vigilancia ciudadana e impulsar acciones que contribuyan a que el sistema electoral sea más efectivo. Si no cambian las prácticas, no logrará disminuir la posibilidad de que, desde antes de llegar al poder, sea la corrupción y la impunidad la práctica más común en el ejercicio del poder.