El 12 de junio de 2002, en el albor de la primera alternancia electoral en la presidencia, se aprobó –por primera vez– una ley que garantizaba el derecho de acceso a la información pública y a la transparencia (DAI) en el gobierno federal. Por primera vez, la ciudadanía podría solicitar o consultar información pública para saber, por ejemplo, cómo operaba el gobierno, cómo se gastaba el presupuesto, a quiénes se contrataba, cuánto ganaban las y los servidores públicos, etc. Desde entonces, se han llevado a cabo diversas reformas legales que han permitido, entre otras cosas, elevar a rango constitucional este derecho, crear un órgano garante encargado de velar por su garantía, e instaurar un marco general para homologar este derecho en todo el país. Todas ellas, acciones que fortalecieron enormemente dicho derecho.

Veinte años después de la primera ley de transparencia y acceso a la información pública, es pertinente reflexionar en dónde estamos y cuáles han sido algunos logros y oportunidades que enfrenta la garantía del DAI en México. 

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