Por: Pedro Carta Terrón*
El pasado 5 de mayo de 2016 se cumplió el plazo legal para que entrara con pleno vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en todo el país. La organización de la sociedad civil Iniciativas Humanas y Sociales A.C. se dio a la tarea de revisar, el viernes 6 de mayo, a partir de las 00:00 horas, a un grupo de 216 sujetos obligados, incluyendo a organizaciones del gobierno federal, a partidos políticos, Universidades autónomas, poderes de las entidades federativas y municipios. De ello consta un reporte del Ejercicio de revisión ciudadana “5 de Mayo”.
Pese a que existe un plazo de seis meses para que los sujetos obligados integren y publiquen toda su información de oficio en la web, no debe pasarse por alto que la revisión ciudadana mencionada identificó a algunas organizaciones públicas que hicieron el esfuerzo proactivo por comenzar a adaptar sus sitios web e incluir, desde el mismo 5 de mayo, alguna de la información pública que progresivamente deberá ir completando y actualizando. Las organizaciones públicas identificadas fueron:
- Senado de la República
- Consejo de la Judicatura Federal
- Comisión Nacional de Hidrocarburos
- Instituto Nacional Electoral (INE)
- Infonavit
- Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro
- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Partido Acción Nacional (PAN)
- Gobierno del Estado de Hidalgo
- Gobierno del Estado de Oaxaca
También destacan el gobierno estatal de Zacatecas y los poderes legislativos de los Estados de Baja California, Guanajuato y Oaxaca quienes, pese a no haber incorporado documentos, sí publicaron de forma vistosa avisos al público señalándoles los próximos cambios derivados de la Ley General y de la aparición de la Plataforma Nacional de Transparencia.
La aparición de estos esfuerzos prematuros deben estimarse y agradecerse, pues reflejan un meritorio esfuerzo por adherirse al espíritu de la Ley General en la materialización del derecho a la información y estimulan a los demás sujetos obligados para que también sistematicen y difundan con prontitud sus propias obligaciones informativas.
Sin embargo, también podemos asumir un enfoque estrictamente práctico: muchos de los obstáculos posibles para la implementación del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia ya fueron experimentados o percibidos por los sujetos obligados que se ocuparon en construir información para el 5 de mayo. Será sumamente valioso para todos, especialmente para el INAI, recuperar y sistematizar la experiencia del grupo de avanzada para minimizar los riesgos y potenciar los beneficios en la construcción de buenos y eficientes portales que estén a la altura de las expectativas de cualquier revisión ciudadana el próximo 6 de noviembre.
*El autor el director de INHUS
