Sólo 14 de los 128 senadores aprobaron que su declaración patrimonial fuera pública. No accedieron a la transparencia ni los coordinadores parlamentarios ni el presidente de la Cámara Alta, tampoco los sindicalistas ni los priístas.

Tras la solicitud de información con el folio UE/LXII/162/2013, el Senado entregó a El Economista las declaraciones patrimoniales que los 128 integrantes de la LXII Legislatura presentaron al inicio de su gestión, el año pasado. No obstante, al preguntarles si estaban de acuerdo en hacer públicos sus datos, 89% contestó con una rotunda negativa.

Como un hecho inédito, 14 senadores entregaron al público sus datos. Quienes aceptaron la transparencia fueron los panistas Laura Rojas, Carlos Mendoza Davis, Martha Elena García, José Rosas Aispuro, Martín Orozco, Fernando Yunes Márquez, Marcela Torres, Francisco Domínguez y Javier Corral.

También los perredistas Sofío Ramírez, Zoé Robledo, Iris Vianey Mendoza y Dolores Padierna. Al igual que la única legisladora por parte del Movimiento Ciudadano, Layda Sansores.

No abrieron sus datos Ernesto Cordero, presidente del Senado; tampoco los coordinadores del PRI, PAN y PRD, Emilio Gamboa, Jorge Luis Preciado y Miguel Barbosa, respectivamente.

Tampoco el titular de la Comisión Anticorrupción, el pevemista Pablo Escudero, ni quien encabeza el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y quien ordenó que se abrieran los datos patrimoniales, la priísta Arely Gómez.

La senadora Laura Rojas no aceptó que sus datos fueran públicos pero el 25 de enero del 2013 envió una carta al contralor interno, Miguel Jiménez Llamas, para solicitar que “se haga pública la información relativa a mi situación patrimonial, para lo cual doy autorización expresa de que así se haga, excepto sobre mis datos personales como son: domicilio o ubicación de los inmuebles, número de cuentas bancarias, placas de los vehículos, o cualquier otro dato personal sobre los bienes declarados”.

En contraste, su compañero de bancada, Francisco Salvador López Brito, había expresado el 30 de octubre del 2012 que sí estaba de acuerdo con que se transparentara su información pero el 15 de mayo del 2013 envió una carta al contralor: “En relación a mi declaración patrimonial de inicio, por este medio solicito amablemente que mis datos patrimoniales no sean públicos”.

La Contraloría del Senado contestó con 1,414 páginas la solicitud de información. Las declaraciones de los legisladores que no autorizaron que se abrieran sus datos tenían la leyenda “Eliminado. Datos reservados”. Para los casos que sí dieron su aval a la transparencia, sólo se eliminaron de la lista los datos personales, así como la información del cónyuge y dependientes económicos.

Cabe mencionar que la senadora del PRI, María Verónica Martínez Espinoza, aprobó que su información se hiciera pública pero la Contraloría eliminó todos los datos al respecto. Entre quienes no autorizaron la apertura de su información se encuentran personajes polémicos como los líderes sindicales Carlos Romero Deschamps y Joel Ayala, así como la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola. Tampoco los exgobernadores como Ernesto Ruffo, Ismael Hernández ni Patricio Martínez.

El Economista