Semanas después de que ocurriera el terremoto del 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México promulgó una Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente, cuyo objetivo principal, establecido en el artículo 5 de la misma es que las instancias del Gobierno de la Ciudad realicen todas las tareas de reconstrucción, con apego a los derechos de los afectados y bajo principios de imparcialidad, accesibilidad y buena fe. La normativa establece también la creación de una Comisión para la Reconstrucción, que se encargaría de hacer un diagnóstico de las tareas de reconstrucción, elaborar un programa que se debe ser aprobado por el jefe de gobierno, dar certeza en el ejercicio de los recursos, así como poner a disposición de la ciudadanía toda la información en la Plataforma CDMX. La intención es transparentar todas las decisiones y mantener un constante ejercicio de rendición de cuentas para toda esta labor, por demás sensible y prioritaria para los afectados de este desastre natural. Consulte aquí la ley de reconstrucción.

Con estas acciones, parecía que la CDMX se colocaría un paso adelante del resto de las entidades afectadas, garantizando la inclusión de la sociedad y blindando el ejercicio de los recursos para que se ejercieran de manera eficaz y eficiente y, no obedeciendo a intereses particulares. Sin embargo, todos estos esfuerzos empezaron a minarse, cuando en la aprobación Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 2018 quedó establecido que el Órgano Legislativo de la Ciudad, a través del Presidente y Secretario de la Comisión de Gobierno y del Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública “autorizará, supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos asignados para la reconstrucción” (Art. 14, Presupuesto de Egresos 2018). Al respecto, no tardaron en darse posicionamientos para expresar la preocupación de que estos recursos terminaran siendo utilizados con fines políticos. Incluso se promovió una acción de inconstitucionalidad que fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se encuentra en proceso de discusión y análisis.

Las condiciones para que la Comisión de Reconstrucción de la CDMX pudiera hacer su trabajo como estaba previsto originalmente no se han logrado. La falta de respuesta de parte del Jefe de Gobierno para enmendar el error y garantizar la transparencia en los criterios de asignación de casi ocho mil millones de pesos para  acciones de reconstrucción, que no son consistentes con lo que ha diagnosticado la propia Comisión, aumentaron la tensión a tal grado que tanto Ricardo Becerra Laguna, Comisionado para la Reconstrucción, Mauricio Merino Huerta y Katia D’Artigues, integrantes de la misma, presentaran su renuncia en pasados días, por no contar con la capacidad suficiente para cumplir con dicha encomienda.

El ejercicio de los recursos sin bases adecuadas hace que la coyuntura electoral, pueda convertir el acceso a los beneficios de esta bolsa para la reconstrucción en una moneda de cambio para que la gente recupere su patrimonio. El manejo de esta crisis merece toda la seriedad, atención y compromiso por parte de los actores involucrados, ya que bajo ninguna circunstancia debe lucrarse con la desgracia de la gente. Se requieren respuestas por parte de las autoridades y más que nunca, una sociedad civil organizada dispuesta a vigilar que el uso de estos recursos, no solo lo decida un puñado de políticos con intereses muy particulares.

Liliana Veloz Márquez

Directora Ejecutiva

Red por la Rendición de Cuentas