Los criminales al poder
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La Auditoría Superior de la Federación promovió mil 633 acciones administrativas sancionatorias contra funcionarios de la administración pública federal, estatal y municipal, que deberán ser investigadas por los órganos facultados en cada una de las dependencias donde se hubiese registrado un manejo incorrecto de recursos públicos, y si resulta que hay delitos qué perseguir, se deberán aplicar las sanciones consecuentes.
El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete dieron a conocer versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. Estas versiones incluyen bienes, pero no montos; listan inversiones, pero no los instrumentos de inversión o los giros de las empresas. La discusión pública de inmediato identificó esto como un problema de transparencia. Sin embargo, la agenda más relevante tiene qué ver con lo limitado del instrumento de la declaración patrimonial como mecanismo para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Fallamos. De nuevo fallamos todos: diputados, sociedad civil, academia, partidos políticos, funcionarios, comisionados del IFAI, y un largo etcétera. Hemos sido incapaces de nuevo de lograr un acuerdo que nos permita tener una ley de transparencia y acceso a la información renovada y mejorada. Y hemos dejado el terreno fértil a quienes ganan con la opacidad y la resistencia sorda.