Si hubo un tema que en las pasadas elecciones captó seguidores y simpatía, amén de convertirse en uno de los contenidos prioritarios de las dos plataformas políticas en disputa, fue el de la transparencia y el acceso a la información pública. La razón no era menor. En 2008 el estado tuvo la oportunidad de colocarse a la vanguardia con una ley que se ajustara al artículo sexto constitucional e incluso fuera más allá. La LVII Legislatura, no obstante, prefirió publicar una reforma mediocre y malhecha que acabó siendo impugnada.